25/03/2025 16:04 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 25/03/2025
En un país sin transparencia, la verdad se vuelve un privilegio de unos cuantos. Imagine una nación donde el presupuesto se gasta en sombras, donde los ciudadanos solo reciben migajas de información y los gobernantes toman decisiones sin rendir cuentas. En un sistema así, la corrupción florece sin freno, los recursos públicos se diluyen en intereses privados, y la democracia se convierte en un mero espejismo. La historia nos ha demostrado que la falta de acceso a la información no solo encubre irregularidades, sino que mina la confianza en las instituciones y perpetúa la impunidad.
La reciente reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca imponer nuevas reglas de transparencia en todos los niveles de gobierno, obligando a dependencias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos y partidos políticos, a hacer pública información clave sobre sueldos, prestaciones, contratos y presupuestos.
Bajo este esquema, se pretende garantizar el acceso a datos sobre el total de plazas disponibles, la contratación de personal por honorarios, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y los objetivos de los programas gubernamentales. En papel, la iniciativa promete un avance en la rendición de cuentas, pero en la práctica surge una preocupación legítima: ¿quién supervisará el cumplimiento de estas normas y con qué independencia lo hará?
Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el panorama se torna aún más incierto. Su relevo, el organismo denominado "Transparencia para el Pueblo", estará bajo la tutela de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que implica un cambio sustancial en la vigilancia del derecho a saber. Mientras que el INAI operaba como un ente autónomo, la nueva estructura responde directamente al Ejecutivo, lo que despierta dudas sobre su imparcialidad y su capacidad para garantizar que la información se haga pública sin restricciones políticas.
Paradójicamente, quienes han aprobado esta reconfiguración de la transparencia operan bajo un manto de opacidad. El Congreso, que eliminó al INAI y estableció el nuevo esquema de acceso a la información, es uno de los poderes más renuentes a rendir cuentas. Pese a su discurso en favor de la apertura, el Senado y la Cámara de Diputados omiten publicar datos elementales como las trayectorias de sus legisladores, el uso de sus recursos o los detalles de su trabajo en comisiones. La información que se presenta está incompleta, desactualizada o simplemente no existe.
El acceso a los antecedentes profesionales de los legisladores, por ejemplo, es casi nulo. En el portal oficial de la Cámara de Diputados solo se pueden encontrar datos generales como el distrito por el que fueron electos o su fecha de nacimiento, pero no hay registros de su formación académica, su historial político o su desempeño legislativo. Tampoco es posible conocer su asistencia a sesiones, las iniciativas que han presentado ni el destino de los fondos que reciben bajo rubros como "asistencia legislativa" o "gestión parlamentaria".
Las finanzas del Congreso también se manejan en penumbra. Si bien se informa sobre el salario neto de los diputados —cercano a los 79,000 pesos mensuales—, no se detallan los montos adicionales que reciben por concepto de apoyos legislativos o subvenciones. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado reiteradamente la falta de transparencia en estos recursos, evidenciando que no hay mecanismos claros para su fiscalización. De hecho, entre 2012 y 2019, más de 6,000 millones de pesos fueron entregados a los grupos parlamentarios sin que se comprobara en qué se gastaron.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ha advertido sobre esta falta de claridad. En su Diagnóstico de Parlamento Abierto, calificó al Senado con un 42% en transparencia presupuestal y a la Cámara de Diputados con apenas un 17%. Estos números reflejan una verdad incómoda: mientras los legisladores exigen transparencia a otras instituciones, ellos mismos operan bajo reglas que les permiten ocultar información.
Otro foco de alerta en la reforma es la posibilidad de que el gobierno reserve información bajo el argumento de que su divulgación podría afectar la seguridad o la estabilidad social. Este punto ha encendido alarmas entre especialistas y organizaciones civiles, pues abre la puerta a la discrecionalidad y al ocultamiento de datos de interés público. Un caso que ilustra la importancia del acceso a la información es el de las desapariciones forzadas en México. Gracias a la transparencia, familias de víctimas han podido acceder a documentos clave sobre investigaciones oficiales y exigir justicia. Con la nueva reforma, esa posibilidad podría verse reducida, dejando en manos del Ejecutivo la decisión sobre qué información se conoce y qué se oculta.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, en 2023, más de 6,000 expedientes fueron declarados como reservados por diversas dependencias, incluidos documentos clave sobre contratos, auditorías y asuntos de seguridad. Esto refleja un creciente control sobre la información que podría tener un impacto directo en la capacidad de la ciudadanía para exigir justicia.
El riesgo es claro: sin transparencia real, el poder se vuelve incontrolable y la sociedad queda a merced de decisiones tomadas en la oscuridad. México se encuentra en una encrucijada. Si la nueva normativa no se implementa con mecanismos de supervisión independientes, la supuesta "transparencia del pueblo" podría convertirse en un instrumento para reforzar la opacidad en lugar de combatirla.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente fin de semana lector.
