21/03/2025 10:25 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 21/03/2025
El manejo de los recursos hídricos compartidos entre naciones es un asunto de enorme complejidad, que involucra no solo factores geopolíticos, sino también ambientales, jurídicos y sociales. A medida que el cambio climático agrava la escasez de agua en diversas regiones del mundo, los conflictos por su acceso y uso se vuelven más frecuentes.
Por ello, los acuerdos internacionales sobre el manejo de cuencas transfronterizas son fundamentales para garantizar la seguridad hídrica de los países involucrados. Sin una planificación adecuada, estos recursos pueden convertirse en fuentes de disputa, con graves repercusiones para las economías locales, el medio ambiente y la estabilidad política.
Para evitar conflictos, es esencial que los tratados bilaterales establezcan reglas claras sobre la distribución del agua, asegurando el acceso equitativo de cada país en función de sus necesidades y capacidades. También es crucial que los acuerdos incluyan disposiciones que obliguen a mantener la calidad del agua dentro de estándares aceptables, evitando su contaminación y protegiendo los ecosistemas que dependen de estos ríos. Asimismo, es imprescindible contar con mecanismos diplomáticos eficaces para prevenir disputas y con regulaciones que permitan ajustes en la distribución en tiempos de sequía, cuando el acceso al agua se vuelve aún más crítico.
Uno de los tratados más relevantes en esta materia es el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, firmado en 1944, el cual regula el uso de los principales ríos que ambos países comparten: el Bravo y el Colorado. Este acuerdo, diseñado con un alto nivel técnico para su época, es un instrumento clave en la relación bilateral, ya que garantiza a México la entrega anual de 1,850 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua del río Colorado, mientras que el país se compromete a suministrar a Estados Unidos un volumen de 432 Mm³ provenientes del río Bravo.
Uno de los aspectos más destacados del tratado es que México recibe más agua de la que entrega, lo que ha generado debates a lo largo de los años. Sin embargo, este beneficio no fue una concesión negociada, sino el reconocimiento de un derecho preexistente. Antes de la firma del acuerdo, los agricultores mexicanos ya utilizaban el agua del río Colorado para sus cultivos, de la misma forma en que los estadounidenses hacían uso del río Bravo. El tratado simplemente formalizó esta realidad, asegurando un marco regulatorio que diera certidumbre a ambas partes.
Para garantizar el cumplimiento del tratado, se creó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con una sección mexicana y otra estadounidense. Este organismo tiene la responsabilidad de medir los volúmenes de agua entregados, utilizando estaciones hidrométricas a lo largo de los ríos para monitorear el flujo. Además, en situaciones de sequía, la CILA actúa como mediadora en las negociaciones para ajustar temporalmente las entregas de agua sin que esto genere disputas diplomáticas.
El tratado establece que México debe proporcionar a Estados Unidos un tercio del caudal de seis afluentes del río Bravo: Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Las Vacas. Aunque el volumen mínimo anual comprometido es de 432 Mm³, el tratado considera la alta variabilidad del caudal y, por ello, establece ciclos de cumplimiento de cinco años. Durante este periodo, México debe entregar un total de 2,160 Mm³, con la posibilidad de diferir pagos en caso de sequías severas, siempre y cuando se compensen en años posteriores.
El agua que México recibe del río Colorado proviene de los estados de Wyoming, Utah y Colorado, fluyendo a través de Nevada, Arizona y California antes de cruzar la frontera hacia Baja California. Desde ahí, abastece principalmente al Valle de Mexicali, una de las regiones agrícolas más importantes del país, donde se producen cultivos estratégicos como trigo, algodón y alfalfa. Cualquier reducción en este suministro representaría un golpe severo para miles de agricultores y pondría en riesgo la seguridad alimentaria en la zona.
Actualmente, México enfrenta dificultades para cumplir con esta obligación. A pocos meses de que concluya el ciclo 36 del tratado, cuyo vencimiento está programado para el 24 de octubre, el país solo ha entregado el 30% del volumen pactado, es decir, 650 Mm³ de los 2,160 requeridos. Esto deja un déficit de 1,500 Mm³, una cantidad imposible de cubrir en los meses restantes.
Además, la mayor parte del agua entregada no proviene directamente de los afluentes mencionados en el tratado, sino de excedentes de las presas cuando estas alcanzan su capacidad máxima. Este método de entrega ha generado críticas por parte de los agricultores estadounidenses, quienes argumentan que México no está cumpliendo con la letra del tratado.
Ante esta situación, la presión por parte de Estados Unidos ha aumentado, especialmente entre los senadores republicanos de Texas, quienes han instado a su gobierno a tomar medidas más enérgicas para exigir el cumplimiento del acuerdo. En una reciente visita al Valle del Río Grande, el senador Ted Cruz, acompañado de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, advirtió que la administración del presidente Trump no permitirá más incumplimientos. En sus palabras: "México va a cumplir. Ignorar el tratado ya no será una opción".
El apellido Trump vuelve a sonar como un talón de Aquiles para México. No importa si es desde la Casa Blanca o desde la arena política, el mensaje es claro: la presión seguirá aumentando. La declaración de Cruz no deja margen de duda sobre la postura de los republicanos, que, fieles a su estilo, convierten cualquier tema en un arma de negociación. En este caso, el agua se convierte en un nuevo frente de disputa, en el que la administración estadounidense buscará imponer condiciones más estrictas sin considerar las dificultades hídricas que enfrenta México.
Este conflicto podría tener repercusiones importantes para la economía agrícola de México, particularmente en el Valle de Mexicali, donde los productores dependen en gran medida del agua proveniente del río Colorado. Si la tensión escala, Estados Unidos podría recurrir a represalias comerciales o diplomáticas, afectando no solo el sector agrícola, sino también otros aspectos de la relación bilateral.
Frente a este panorama, México debe adoptar una estrategia diplomática bien estructurada para evitar una crisis. Es necesario reforzar la cooperación con Estados Unidos y establecer mecanismos de negociación que permitan un cumplimiento flexible del tratado, sin comprometer la seguridad hídrica del país. La escasez de agua es un problema que continuará agravándose en las próximas décadas debido al cambio climático, por lo que es imperativo que ambas naciones trabajen en soluciones conjuntas que garanticen la sostenibilidad de estos recursos en el futuro.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente fin de semana lector.
