21/02/2025 16:28 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 21/02/2025
Por siglos, la soberanía ha sido el estandarte de la autodeterminación nacional, una premisa inquebrantable en la configuración del derecho internacional y la política interna de los Estados. No es casualidad que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya promovido una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 40 y 19, en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos ha catalogado a diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas globales. Claro, siempre es más fácil redactar reformas que aplicar estrategias de seguridad efectivas.
El trasfondo de esta iniciativa responde a un contexto geopolítico donde las tensiones entre México y su vecino del norte han escalado ante la creciente violencia del crimen organizado y el tráfico de drogas. La declaración de la mandataria en Palacio Nacional no dejó espacio a interpretaciones ambiguas: "Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos ni aceptamos injerencias". Una afirmación contundente, aunque la realidad indique que la cooperación con Estados Unidos sigue siendo indispensable para el combate al crimen organizado. La propuesta, según su exposición, busca reforzar el principio de soberanía y blindar al país contra cualquier acto intervencionista, ya sea en materia de seguridad, procesos electorales o en la violación del territorio nacional. Porque, al parecer, el problema se soluciona con un par de párrafos en la Constitución.
No es la primera vez que México se encuentra en una situación de tensión con Estados Unidos respecto a cuestiones de seguridad. La historia registra episodios en los que la política estadounidense ha buscado incidir en asuntos internos del país bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Desde la Operación Rápido y Furioso hasta la detención de figuras como el general Salvador Cienfuegos, se ha evidenciado cómo las acciones unilaterales del país vecino pueden menoscabar la independencia del sistema judicial y de seguridad de México. Pero, paradójicamente, los gobiernos mexicanos han demostrado ser muy selectivos con su indignación cuando se trata de colaboración estadounidense.
Las cifras respaldan la preocupación del gobierno mexicano. Datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el 74% de las armas decomisadas en México tienen origen estadounidense. Esta realidad es irónica si se considera que, mientras Washington enfatiza la necesidad de combatir el narcotráfico, sus propias leyes de control de armas han permitido el flujo de arsenal hacia grupos criminales en México, agravando la violencia en el país. Pero en lugar de exigir con firmeza acciones concretas en foros internacionales, el gobierno mexicano opta por una reforma que reafirma lo obvio: que somos soberanos. Un recordatorio que, aparentemente, necesitábamos plasmar en la Carta Magna.
La iniciativa de Sheinbaum propone modificaciones al artículo 40 para establecer que México no aceptará intervenciones extranjeras que vulneren su integridad territorial, su sistema electoral o su independencia política. Además, se busca reformar el artículo 19 para incluir el delito de terrorismo y endurecer las sanciones contra quienes participen en la fabricación y tráfico de armas. Aquellos involucrados en estas actividades podrían enfrentar la pena más severa disponible, incluyendo la prisión preventiva oficiosa para extranjeros que operen al margen de la ley dentro del territorio nacional. Un gesto de mano dura que, curiosamente, no se aplica con la misma vehemencia cuando se trata de combatir la corrupción interna o el poder del crimen organizado en México.
México ha insistido en que está dispuesto a cooperar con el gobierno estadounidense en la lucha contra el crimen organizado, pero sin aceptar imposiciones que vulneren su soberanía. En este contexto, la demanda interpuesta por la Secretaría de Relaciones Exteriores contra fabricantes y distribuidores de armas en EE.UU. se convierte en una acción diplomática que busca presionar a Washington para que asuma su responsabilidad en el problema de la violencia. Una jugada interesante, aunque aún estamos esperando ver resultados tangibles más allá del discurso.
En suma, la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el gobierno de Sheinbaum es una declaración política que busca cerrar la puerta a cualquier justificación para la intervención extranjera. Más allá de las implicaciones jurídicas, el desafío radica en cómo el gobierno mexicano logrará equilibrar la necesidad de fortalecer su soberanía sin deteriorar una relación bilateral clave. O, mejor aún, en cómo logrará transformar los discursos en acciones reales que impacten la seguridad del país sin recurrir a medidas populistas o meramente declarativas.
Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente fin de semana lector.
