El dilema de la seguridad en México

"Es imperativo que México reoriente su política de seguridad con urgencia para garantizar la estabilidad y la confianza ciudadana."

Por Isidro Aguado Santacruz

La reciente captura y juicio de Ismael "El Mayo" Zambada, una figura central en el narcotráfico, ha dejado al descubierto el colapso de la estrategia de "abrazos y no balazos" implementada por la Cuarta Transformación. Este evento no solo tendrá profundas implicaciones políticas, sino que también plantea la urgente necesidad de reestructurar la política de seguridad pública en México.

Más allá de las serias repercusiones políticas derivadas de la captura y proceso judicial del legendario capo Ismael "El Mayo" Zambada, quedó en evidencia el colapso de la política de "abrazos, no balazos" promovida por la 4T. Ante esto, la próxima administración tendrá que poner en marcha un plan de seguridad pública eficaz, que se enfoque en el uso legítimo de la fuerza, apoyado por estrategias de inteligencia orientadas a la prevención del crimen. Además, será fundamental devolver a los civiles las tareas de seguridad y restablecer el orden en aquellas regiones del país donde las autoridades legales han sido superadas por el poder de las organizaciones criminales. El país necesita recuperar la paz y el bienestar social.

El cada vez más enredado caso de la detención de dos líderes del narcotráfico por parte de las autoridades estadounidenses puso de manifiesto que, para los norteamericanos, la lucha contra los cárteles no es una cuestión de soberanías. La falta de confianza en las fuerzas policiales y fiscales mexicanas fue evidente, así como la incapacidad del gobierno para contar con un sistema de inteligencia efectivo. Esto, sumado a la complicidad de políticos y cuerpos de seguridad con los delincuentes, dejó en claro la creciente influencia de las mafias en los asuntos públicos de las diversas entidades del país, al menos por ahora.

El capo de todos los capos, que durante más de cuarenta años sembró terror en el país mediante la violencia y el tráfico de drogas, también ejercía influencia en la política interna de Sinaloa, e incluso contaba con una escolta formada por agentes de la policía estatal. El "gobernador" niega tener vínculos con los cárteles de su estado, pero la cruda realidad siempre prevalece; la estrategia de comunicación de la Cuarta Transformación se basa en rechazar lo obvio, y a ella se aferra el mandatario. Sin embargo, no puede negar la entrevista y posterior charla que tuvo, en presencia de un testigo, con el periodista Salvador García Soto, a quien admitió que, para acceder al puesto, buscó el respaldo de los cárteles, y con total franqueza afirmó: "No nos hagamos tontos, así son las cosas por aquí."

Las repercusiones políticas de este fenómeno no tardarán en hacerse evidentes, pero lo que sí es claro es que la Casa Blanca ya no puede tolerar la complicidad, inacción, permisividad o indiferencia del gobierno en asuntos que afectan directamente a la sociedad estadounidense. Por ello, en el próximo sexenio será imperativo implementar una política pública eficaz contra el crimen organizado, no solo para responder a los estadounidenses que enfrentan un grave problema de salud pública y seguridad nacional, sino también porque proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos es el deber fundamental de cualquier Estado moderno.

Es engañoso afirmar que atacando únicamente las supuestas causas sociológicas del fenómeno se resolverán el narcotráfico o la delincuencia común; no todos los pobres roban, se convierten en sicarios o trafican drogas. El problema es más profundo y requiere de un nuevo pacto social, uno basado en el desarrollo económico, la creación de oportunidades para todos y la revitalización de los valores morales y sociales. Sin embargo, este proceso llevará años y abarcará generaciones. A corto plazo, es crucial que se reconozca la pérdida de gobernabilidad y se tome la decisión política de romper los vínculos entre los políticos actuales y el narcotráfico. Además, es necesario depurar las fuerzas policiales de elementos corruptos que han sido seducidos por el dinero del crimen, y abandonar la ingenua idea de que los sicarios y narcotraficantes dejarán sus actividades ilícitas simplemente porque el gobierno se lo pida.

Una vez que se recupere la gobernabilidad, el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana deberá utilizar la fuerza de manera legítima y proporcional, no basándose en la violencia, sino en tácticas policiales efectivas. Será prioritario que esta dependencia deje de ser una entidad abstracta y cuente con una fuerza civil adecuada para prevenir el delito y con la preparación necesaria para enfrentar a los delincuentes. Esa prevención deberá apoyarse en los servicios de inteligencia, no para investigar tarea exclusiva de las fiscalías, sino para anticiparse a posibles actos delictivos. Una vez que el delito se haya cometido, la investigación será responsabilidad del ministerio público y su policía.

Para finalizar, el dilema de la seguridad en México es una realidad urgente que requiere una reestructuración profunda y efectiva. La captura de Ismael "El Mayo" Zambada ha puesto en evidencia el colapso de estrategias fallidas como el "abrazos y no balazos" y ha resaltado la necesidad imperiosa de un nuevo enfoque en la seguridad pública. Para restaurar la paz y la estabilidad social, es crucial que la próxima administración adopte una política robusta que priorice el uso legítimo de la fuerza y fortalezca las capacidades de inteligencia y prevención del delito. No basta con incrementar el número de policías; es vital implementar estrategias que realmente reduzcan el crimen y devuelvan el orden en las regiones más afectadas. México enfrenta un momento crítico: es hora de actuar con decisión para recuperar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, excelente fin de semana.