15/10/2024 13:56 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 15/10/2024
La democracia, en su forma más idealizada, siempre ha sido un equilibrio entre el derecho de participación ciudadana y la capacidad de quienes asumen roles de liderazgo.
Sin embargo, en tiempos recientes, el proceso de selección de cargos públicos en México ha comenzado a cuestionar este equilibrio. Aristóteles, en su estudio sobre las formas de gobierno, ya advertía sobre los peligros de desvirtuar los principios democráticos.
Y es precisamente en la actualidad donde la influencia del azar y los sorteos ha tomado un papel inesperado en la designación de jueces y magistrados, que sus advertencias cobran mayor relevancia.
La democracia implica la participación equitativa de los ciudadanos en la toma de decisiones y la elección de sus representantes.
Tradicionalmente, esto se ha realizado mediante procesos de votación que buscan seleccionar a los mejores perfiles con base a su capacidad, experiencia y conocimiento. No obstante, en México, se ha empezado a recurrir al sorteo como método para la designación de funcionarios en ciertos cargos clave, especialmente en el poder judicial.
El Senado de la República, en un intento por "democratizar" la elección de jueces y magistrados, ha implementado un sistema de sorteo para asignar plazas en el poder judicial. Este método, aunque suena equitativo en principio, plantea serias preguntas sobre la meritocracia y la preparación profesional de quienes terminan ocupando dichos puestos.
Si bien el azar puede garantizar una imparcialidad en la selección, también introduce el riesgo de que personas sin la suficiente experiencia o formación asuman responsabilidades de gran envergadura en la impartición de justicia.
Históricamente, la justicia en México ha estado vinculada a la carrera judicial, donde los profesionales del derecho ascienden a través de años de formación, pruebas y experiencia. Esta carrera está diseñada para garantizar que quienes lleguen a los más altos niveles del poder judicial sean los más capacitados para tomar decisiones complejas.
Sin embargo el reciente sorteo de más de las 850 plazas de magistrados de circuito y jueces de distrito realizado por el oficialismo en el Senado de la República, ha puesto en duda la continuidad de este modelo. En lugar de seleccionar a los mejores mediante un análisis riguroso de sus capacidades, se ha optado por un sistema aleatorio que, aunque democrático en apariencia, podría debilitar la calidad de la justicia.
El argumento en favor del sorteo ha sido que éste evita la influencia política y los favoritismos, algo que históricamente ha contaminado el proceso de selección en México. No obstante, este método también deja fuera la consideración de criterios fundamentales como la preparación académica, la experiencia en el campo y la imparcialidad demostrada a lo largo de una carrera. La elección al azar puede reducir la influencia de las élites políticas, pero no necesariamente asegura la idoneidad de los seleccionados.
En el pasado, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido testigos de la designación de consejeros y magistrados alineados con los intereses del gobierno en turno. Este tipo de injerencia ha debilitado la confianza pública en la independencia de estas instituciones.
Ahora, el uso del sorteo para seleccionar jueces y magistrados parece ser una respuesta a esta desconfianza, pero corre el riesgo de reemplazar la corrupción por la incompetencia.
El sistema judicial es una de las instituciones más importantes en cualquier democracia, ya que garantiza que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. La legitimidad de los jueces y magistrados no solo se basa en su imparcialidad, sino también en su capacidad para interpretar la ley y tomar decisiones que afecten la vida de los ciudadanos.
El azar, en este sentido, puede ser un enemigo de la justicia. Mientras que en otros ámbitos del gobierno, como los legisladores, la rotación y diversidad pueden ser benéficas, en el ámbito judicial es fundamental que quienes ocupen estos cargos tengan la formación y experiencia adecuadas.
La reciente crisis de legitimidad que enfrentan muchas democracias, incluida la mexicana, ha llevado a explorar alternativas para revitalizar los sistemas de representación. Sin embargo, la propuesta de una "democracia por sorteo" en el poder judicial no parece ser la respuesta adecuada. Más bien, es un reflejo de la desesperación ante un sistema que, en muchos aspectos, ha fracasado en garantizar la transparencia y la imparcialidad.
En lugar de recurrir a métodos que desvirtúan la capacidad profesional, se debería abogar por reformas que fortalezcan los procesos de selección basados en mérito, con mayor escrutinio público y transparencia. El azar ha comenzado a jugar un papel inesperado en la política mexicana, afectando de manera directa a la independencia del poder judicial.
Lo que en principio parece una medida democratizadora, amenaza con socavar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia funcional: la justicia. La meritocracia y la formación especializada deben ser los criterios fundamentales en la selección de jueces y magistrados, no el azar. Solo así se podrá preservar la independencia del poder judicial y asegurar que la justicia en México siga siendo un baluarte de la democracia y no un juego de fortuna.
Mientras las decisiones en materia judicial sigan dependiendo del sorteo, el futuro de la democracia mexicana corre el riesgo de ser determinado no por los más capaces, sino por la suerte. Y en la justicia, la suerte no puede ser un criterio aceptable para definir el destino de una nación. Excelente inicio de semana lectores.
