El reto del presupuesto
Estamos llegando al cierre del año, un momento clave en el que el Congreso debe definir y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Gobierno Federal. Este proceso, en ocasiones, ha sido motivo de tensiones significativas, llegando incluso a situaciones donde el plazo para su aprobación expiró sin que se alcanzara un acuerdo.
En términos generales, se prevé una reducción cercana al 2% en los egresos, con el objetivo de mantener bajo control el déficit fiscal, que se proyecta en 3.9% del PIB. Este porcentaje resulta notable si recordamos que este año el déficit llegó al 5.9%, el nivel más alto en casi cuarenta años. No obstante, sigue sin haber claridad sobre cómo se logró cubrir ese desequilibrio, aunque todo indica que se recurrió a un mayor endeudamiento o a la renegociación de compromisos financieros.
El presupuesto plantea un incremento del 2% en la recaudación anual, una estimación optimista si se compara con la inflación prevista por Banxico, que ronda el 3.5%. Para muchas familias, esta cifra parece no reflejar la realidad, ya que los precios han subido mucho más de lo que indican estas proyecciones oficiales.
Entre los ajustes más destacados se encuentran los recortes administrativos en 16 de las 19 secretarías de Estado. Sin embargo, resulta llamativo el incremento del 6.2% en los presupuestos destinados a los Poderes de la Unión. En cuanto a la Secretaría de Bienestar, su aumento del 2.3% supera el crecimiento poblacional estimado en 1%, pero no alcanza para compensar la inflación proyectada, lo que en términos reales representa una disminución en sus recursos.
En el rubro de vivienda, el gasto se incrementa en un notable 138%, junto con una inversión significativa en proyectos ferroviarios. No obstante, sorprenden las reducciones en áreas como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Ciudadana, sin explicaciones claras sobre cómo se atenderán temas críticos como la seguridad pública y la lucha contra la impunidad bajo estas restricciones presupuestales.
Un punto polémico fue el llamado "lamentable error" en el presupuesto inicial, que proponía reducciones a universidades públicas como la UNAM, el IPN y la UAM. Este error generó tal indignación que obligó al Gobierno a corregirlo y prometer un aumento en sus recursos, aunque no se ha definido claramente el monto ajustado.
Por otro lado, sectores clave como medio ambiente, cultura y salud enfrentan reducciones superiores al 30%, lo que plantea serias dudas sobre cómo se cumplirán las metas y promesas de campaña, especialmente los 100 puntos presentados por Claudia Sheinbaum.
El incremento proyectado en los ingresos no logra superar la inflación estimada, lo que representa una reducción en términos reales. Además, el crecimiento económico esperado entre el 2% y 3% parece poco factible, considerando que los últimos reportes señalan un crecimiento del 1% al 1.5% en el último semestre de 2024.
Esto plantea una pregunta clave: ¿de dónde saldrá el dinero para financiar los egresos proyectados? Si el crecimiento económico no se alinea con las expectativas, será necesario buscar recursos adicionales, un tema que inevitablemente lleva al debate sobre una reforma fiscal que ha sido pospuesta una y otra vez por temor a las implicaciones políticas y económicas.
El presupuesto, aunque busca contener el déficit, deja muchos vacíos y dudas sobre su viabilidad. Los recortes son necesarios, pero deben equilibrarse con una estrategia clara para impulsar el crecimiento y garantizar servicios esenciales. Además, el impacto de factores externos, como la renegociación del T-MEC y las políticas de Estados Unidos, añade incertidumbre a nuestras proyecciones económicas.
Es un momento crucial para evaluar cómo el Gobierno planea manejar estos desafíos y, sobre todo, cómo garantizará que los recortes no afecten de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Este presupuesto debe ser más que números; debe ser una herramienta para construir un futuro sostenible y equitativo. Excelente fin de semana lectores.