En México, el concepto de "constitucionalismo populista" ha emergido como un tema de debate candente y crucial en el panorama político actual.
TIJUANA.- En un país donde las dinámicas entre la democracia representativa y las demandas populares son intensamente interdependientes, el constitucionalismo populista plantea interrogantes profundas sobre cómo se estructura y opera nuestro sistema legal y político. Este enfoque, que busca balancear las aspiraciones del pueblo con los principios constitucionales fundamentales, desafía tanto a legisladores como a ciudadanos a reconsiderar el papel de la constitución en la vida cotidiana y en la protección de los derechos individuales frente a las decisiones mayoritarias.
Hannah Arendt, dijo una vez: "El constitucionalismo puede convertirse en populista cuando pierde su espíritu de contención y se convierte en un vehículo para las ambiciones de un solo líder".
En nuestro país se evidencia una crisis terminal del antiguo sistema político que se estableció al concluir el movimiento revolucionario. Este sistema, que ha evolucionado a lo largo de más de un siglo, ha experimentado un lento proceso de apertura política y democratización, interrumpido por períodos de regresión.
En las décadas recientes se implementaron reformas que, aunque intentaron modificar parcialmente el control sobre la configuración político-institucional en evolución, ahora enfrentan una crisis definitiva tras las últimas elecciones presidenciales. La percepción extendida en la sociedad es que nuestra democracia se había estancado, coincidiendo así con la crisis de los partidos tradicionales y las instituciones establecidas.
La crisis de las instituciones está relacionada con la falta de confianza en los líderes convencionales, el Congreso, la administración estatal, las fuerzas policiales y de seguridad, y también el sistema judicial. Todo esto ocurre durante la configuración de un nuevo orden político que utiliza los procedimientos y estructuras democráticas para avanzar en su búsqueda de poder, prometiendo refundar el país. El derecho a participar en la política es la herramienta principal para llevar a cabo esta transformación institucional. En este momento, el principio de la soberanía popular se encuentra en conflicto abierto con el principio de la supremacía de la Constitución
Nuestra Carta Magna simboliza un pacto entre individuos en igualdad. Constituye el acuerdo fundamental mediante el cual personas con igual estatus establecen normativas y principios para estructurar su convivencia colectiva. Si el constitucionalismo implica un pacto entre iguales, es evidente que implementar este derecho en contextos marcados por profundas disparidades requiere cambios significativos para fortalecer la equidad social y democratizar el poder.
Es innegable que enfrentamos desafíos considerables en nuestras comunidades legales, donde los ciudadanos a menudo se sienten desconectados. Esta preocupación es reflejada por Jean Jacques Rousseau, quien argumentó que en una comunidad autogobernada, cada individuo debe considerarse como poseedor de sus propios derechos, implicando que cada uno debería escuchar su propia voz al escuchar las normas legales.
Esto cambió en México cuando las leyes principales de organización comenzaron a ser redactadas, implementadas e interpretadas por un grupo reducido de personas. Socialmente se considera que aquellos encargados de aplicar la ley eventualmente actúan como un grupo con intereses particulares, separados del escrutinio público y sin los adecuados mecanismos de rendición de cuentas por sus errores y omisiones.
Dado este contexto general, la propuesta de modificación al Poder Judicial que el gobierno promueve, y que actualmente se lleva a cabo en diálogos nacionales con miras a su implementación, constituye un desafío directo a la Constitución Política y a sus instituciones establecidas. El procedimiento propuesto amenaza con socavar la autonomía e independencia de los jueces, sugiriendo posibles destituciones sin garantías de reemplazo a través de concursos públicos. La elección popular de jueces y magistrados podría no tener efectos beneficiosos para la sociedad. Es previsible que, tras desmantelar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siguiente paso sea una revisión completa de la Constitución.
El pacto social implica facilitar el proceso mediante el cual un grupo de individuos acuerda formar una asociación. En cambio, la elaboración de una Constitución simplemente implica establecer la forma de gobierno o el orden de los poderes que regirán a la sociedad. El primero establece la sociedad, mientras que el segundo organiza a la sociedad.
Esto subraya la creciente preocupación por el constitucionalismo populista, donde las reformas propuestas podrían reflejar un intento de ejercer un control directo sobre las instituciones judiciales y constitucionales, en lugar de fortalecer los principios de separación de poderes y autonomía judicial que son fundamentales para la democracia y el Estado de derecho.