23/05/2023 08:49 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 23/05/2023
Por Manuel Valenzuela V.
Esta expresión la popularizó el gran campeón mexicano Julio César Chávez en su función de comentarista de boxeo, la usaba cuando los dos contendientes se trenzaban en un intercambio de golpes que emocionaban al público, ¡Hay tiro Carlitos! Decía dirigiéndose al narrador de la pelea. Esto es lo que parece estar sucediendo en el enfrentamiento del presidente de la República con la Suprema Corte de la Nación.
Esto podría parecer divertido para muchos de no ser porque en esta pelea se juega el futuro la democracia mexicana y -quizá- de la estabilidad política del país. Ya en una colaboración anterior destacábamos lo preocupante que resulta el enfrentamiento que el presidente tiene en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular con los ministros que no siguen los dictados de Palacio Nacional.
En esta semana el enfrentamiento continuó y, en el momento de escribir esta nota se desarrolla una manifestación de protesta frente al edificio de la Corte convocada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Esperemos que esta protesta no se desborde y traiga consecuencias que luego lamentemos.
Lo más relevante de la semana fue que el pleno de la SCJN declaró inconstitucional el decreto en el que el presidente de la República clasificaba a las obras prioritarias del gobierno federal (particularmente el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas) como de seguridad nacional y de interés público, lo que le permitía reservar la información sobre ellas, evadir licitaciones públicas y obviar trámites y permisos requeridos por otras leyes. La votación fue de ocho contra tres en favor de la anulación.
Adicionalmente, con una votación más cerrada de seis a cinco, invalidaron también la orden que había girado el presidente a través de otro decreto para que las dependencias agilizaran los permisos relacionados con las obras prioritarias. De esta manera, las obras mencionadas deben sujetarse a todas las normas establecidas en las leyes mexicanas. Es decir, deben licitarse los contratos, deben tener todos los permisos requeridos y la información sobre ellos debe ser pública como lo establece la ley.
Pero, como sucede en el box con los grandes "fajadores," el presidente respondió de inmediato -el mismo día- publicando otro decreto a través del cual blinda al Tren Maya, al corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a tres aeropuertos (Tulum, Palenque y Chetumal), declarando dichas obras como de seguridad Nacional y de interés público. Es decir, justo lo que la SCJN había resuelto que no se puede.
A la letra se establece "Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar, equipo tanto de Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican (Tulum, Palenque y Chetumal), son de seguridad nacional y de interés público." En el lenguaje coloquial podríamos agregar, como diría la abuelita, ¿Quieres más o te guiso un huevo?
Por si quedaba alguna duda del choque frontal del presidente con la Suprema Corte este decreto lo confirma. El presidente no quiere controles de ningún tipo en la ejecución y operación de las obras que su gobierno considera prioritarias sin importar lo que la constitución y las leyes del ramo establezcan. "Y no me salgan con que la ley es la ley" dijo ya en alguna ocasión y hoy podría repetir sin problema.
Muy probablemente el presidente sabe que este nuevo decreto terminará siendo anulado por la Corte por las mismas razones de la resolución de esta semana, sin embargo, esto será hasta que sea impugnado y tome su turno en la agenda del pleno, esto es, más o menos año y medio si tarda el mismo tiempo que el decreto recién anulado, el cual fue emitido en noviembre de 2021 y anulado el 18 de mayo de 2023. Mientras tanto el decreto será vigente y cuando sea anulado el sexenio de AMLO habrá terminado. Le dejará "la víbora chillando" al que sigue, pero eso es otra historia.
El problema es que con estos ataques Tribunal Supremo se pierde el respeto entre poderes, se manda una señal muy peligrosa de que violar la constitución y la ley no importa cuando se trate de obras "que beneficien al pueblo". Y lo peor de todo es que la desesperación del presidente se incrementará en la medida de que se acerque el final de su administración y sus obras emblema no queden totalmente terminadas. Ojalá no lleguemos al extremo de que el Ejecutivo decida no respetar lo que la Corte resuelva porque ello implicaría la ruptura del orden constitucional.
Por lo pronto tiene razón Julio César Chávez "Hay tiro Carlitos".