08/11/2024 13:42 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 08/11/2024
"Cuando el poder absoluto se impone, la justicia se desvanece." — Montesquieu
Por Isidro Aguado Santacruz
La reciente declaración de Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre las sospechas de presiones al ministro Alberto Pérez Dayán, ha desatado una intensa discusión en el ámbito político de México. Sus palabras, lejos de despejar las inquietudes, han generado mayor incertidumbre. "No puedo asegurar que fue presionado", afirmó, dejando abierta una posibilidad inquietante: que las resoluciones judiciales puedan ser influenciadas por factores externos al derecho.
La idea de que el Poder Judicial podría estar siendo doblegado por intereses políticos pone en jaque uno de los principios esenciales de nuestra democracia: la separación de poderes. Esa autonomía, que tomó décadas en construirse como un equilibrio frente a las acciones del Ejecutivo, parece ahora tambalearse ante un contexto de creciente centralización del poder.
El hecho de que un ministro pudiera "votar por razones externas al ámbito jurídico" es una acusación grave. La presidenta Piña, de manera indirecta, reconoce que la imparcialidad de las decisiones judiciales no está plenamente asegurada. Esta admisión refleja las tensiones que atraviesan las instituciones nacionales en un periodo donde el respeto al Estado de derecho enfrenta serios desafíos.
La separación de poderes no es un lujo constitucional, sino un mecanismo esencial para prevenir abusos de autoridad. Si el Poder Judicial pierde su independencia, no sólo se compromete la impartición de justicia, sino que se corre el riesgo de un retroceso histórico en términos de libertades y derechos fundamentales.
La reciente expansión de la prisión preventiva oficiosa es un ejemplo de estas amenazas. Este mecanismo, que contradice la presunción de inocencia y el debido proceso, ha sido duramente criticado por organismos internacionales como la CIDH. Si estas reformas se consolidan, su impacto no será inmediato, pero sus consecuencias afectarán a generaciones futuras, sometiéndolas a un sistema judicial más restrictivo y menos garantista.
Además, la eliminación de organismos autónomos como el INAI sería un golpe devastador para la transparencia y la rendición de cuentas. Estas instituciones representan los últimos bastiones de una democracia que aspira a exigir responsabilidad al gobierno. Su desaparición fortalecería el poder del Ejecutivo, mientras se debilita la capacidad ciudadana de supervisar y combatir actos de corrupción.
La división de poderes en nuestro país no es sólo un logro histórico, sino una salvaguarda de la confianza ciudadana. Su deterioro no implica únicamente una crisis institucional, sino también un debilitamiento del tejido social y moral que sustenta a nuestra nación.
Este declive no será evidente de inmediato, pero su efecto acumulativo será innegable. México no está condenado, pero su democracia enfrenta una amenaza real. La indiferencia o la inacción ante estos acontecimientos pueden ser cómplices de un retroceso que costará décadas revertir.
La situación del ministro Pérez Dayán —ya sea producto de presiones externas o de percepciones públicas— es un síntoma de un problema mayor: los límites cada vez más reducidos de nuestra democracia. La ciudadanía no puede permitirse ignorar esta fractura. Permanecer en silencio sería legitimar un proceso que compromete no sólo nuestro presente, sino el porvenir de las próximas generaciones.
México se encuentra una vez más ante una encrucijada histórica. La pregunta que debemos hacernos es si permitiremos que la concentración del poder desmorone los valores democráticos que tanto esfuerzo ha costado construir.
Hoy, más que nunca, el destino de nuestra República está en nuestras manos, pero el tiempo para actuar es limitado. "La democracia, en este momento, está peligrosamente al borde del abismo". Excelente fin de semana lectores.
