18/06/2024 18:18 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 18/06/2024
El 5 de febrero de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de reformas constitucionales al Congreso de la Unión. Estas reformas proponen la elección por voto popular de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y juezas, así como magistrados y magistradas federales. Además, se busca reducir la duración de sus mandatos, vincular sus salarios a los del Poder Ejecutivo y establecer un tribunal disciplinario judicial elegido también por votación popular.
Estas propuestas representan una amenaza significativa a la independencia del Poder Judicial y ponen en riesgo los derechos de las minorías. Además, se oponen a los estándares internacionales sobre la imparcialidad y autonomía judicial. De aprobarse, estas reformas socavarían las bases del Estado de derecho en México.
Aunque estas reformas también afectan al Poder Judicial de los estados y otras instituciones independientes, este análisis se centra en el Poder Judicial de la Federación. La iniciativa es parte de una serie de ataques del Poder Ejecutivo a la autoridad judicial, que comenzaron después de que la SCJN invalidara varias propuestas legislativas del actual gobierno, por considerarlas inconstitucionales. Aprobar estas reformas afectaría el principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, esenciales para una democracia funcional.
La propuesta de elegir por voto popular a los ministros y ministras de la SCJN, jueces y juezas federales, y magistrados y magistradas federales, podría fomentar decisiones judiciales orientadas a satisfacer intereses políticos o de ciertos grupos, en lugar de impartir justicia imparcial basada en los hechos y la ley. Esto va en contra de las normas internacionales, que estipulan que la selección de jueces debe basarse en méritos y competencias, sin influencia política.
La experiencia de Bolivia y Estados Unidos, los únicos países de América que eligen a jueces constitucionales por voto popular, muestra que este método puede comprometer la independencia y la imparcialidad de los sistemas judiciales. En México, esta práctica podría aumentar la influencia de intereses económicos y del crimen organizado en las decisiones judiciales.
La propuesta de alinear los mandatos judiciales con el período presidencial de seis años y exigir la renuncia de los actuales magistrados y magistradas al asumir sus cargos los nuevos electos por voto popular, infringe las normas internacionales.
Esta reforma reduciría el mandato de los magistrados y magistradas del Tribunal Federal Electoral de nueve a seis años, alineándolo con el mandato presidencial, lo que comprometería su estabilidad en el cargo.
La continuidad en el cargo es esencial para la independencia judicial, permitiendo a jueces y juezas ejercer su función sin temor a represalias o pérdida del empleo. Sincronizar el mandato del Tribunal Federal Electoral con el presidencial podría hacerlo más susceptible a presiones políticas.
Establecer un tribunal disciplinario judicial elegido por voto popular, con un mandato que podría coincidir con el del Presidente y cuyas decisiones serían finales, también contraviene los estándares internacionales. Estos estándares exigen que los órganos disciplinarios judiciales sean competentes y operen de manera imparcial.
Para proteger el Estado de derecho y cumplir con las obligaciones internacionales sobre independencia judicial, es crucial garantizar que la selección de jueces y juezas se base en méritos y capacidades, no en votaciones populares. Además, el método de selección debe permitir la emisión de fallos imparciales, basados exclusivamente en hechos y normas jurídicas.
Recomendaciones:
1. Selección por Méritos: Asegurar que la selección de jueces y juezas se base en méritos y competencias, no en votaciones populares.
2. Independencia y Estabilidad: Garantizar la continuidad en el cargo de los jueces y juezas, evitando destituciones arbitrarias y asegurando su independencia.
Este análisis destaca la necesidad de proteger la independencia judicial como un pilar fundamental de la democracia en México, manteniendo un sistema de justicia imparcial y libre de influencias políticas.
Las reformas propuestas por el Ejecutivo representan una amenaza directa a la independencia judicial en México, comprometiendo la imparcialidad y la estabilidad del Poder Judicial. La elección de jueces y magistrados por voto popular, la reducción de sus mandatos y la creación de un tribunal disciplinario judicial alineado con el período presidencial, van en contra de los estándares internacionales y socavan los principios de separación de poderes y frenos y contrapesos esenciales para una democracia sólida.
