México en la mira: El ultimátum de Washington
_"El precio de la impunidad es la perpetuación del crimen en el poder."_
Por Isidro Aguado Santacruz
En los últimos días, la relación entre México y Estados Unidos ha tomado un rumbo que podría tener implicaciones profundas en la política nacional. Aunque algunas noticias han sido alentadoras, como la suspensión temporal de aranceles, la mayor inquietud proviene de Washington, donde la administración de Donald Trump ha dejado en claro su intención de enjuiciar a políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado.
La presión se ha intensificado y el gobierno estadounidense no solo exige cooperación en estas investigaciones, sino que ha insinuado posibles represalias si no hay avances significativos en el corto plazo.
El Departamento de Estado ha sostenido reuniones con representantes del gobierno mexicano para plantear un acuerdo de cooperación que permita identificar, detener y extraditar a funcionarios vinculados con organizaciones criminales. Esta petición, sin precedentes en su alcance, viene acompañada de una advertencia: si no se registran resultados antes del 2 de abril, fecha clave para la revisión de aranceles, Washington podría hacer públicas sus acusaciones. De materializarse esta amenaza, el impacto político sería devastador, ya que la revelación de nombres específicos en Estados Unidos desataría un escándalo que pondría en entredicho la estabilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum y la credibilidad de toda la clase política mexicana.
Lo que hace particularmente grave esta situación es que nunca antes se había reunido tanta evidencia sobre la infiltración del crimen organizado en el ámbito político. Informes de agencias de inteligencia y declaraciones en tribunales estadounidenses han revelado que diversos actores del poder han mantenido relaciones con cárteles, ya sea mediante financiamiento de campañas, protección institucional o acuerdos para facilitar el tráfico de drogas. Estas investigaciones han generado alarma dentro de Morena, donde dos gobernadores se encuentran bajo la lupa en indagaciones conjuntas: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Ambos han sido señalados por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y con redes de robo de combustible que, según reportes, financiaron hasta ocho campañas de Morena en 2021. Sin embargo, la lista no termina ahí, pues se especula que importantes figuras legislativas, como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, también podrían ser incluidas en la investigación.
Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, ha sido acusado por el actual gobernador de Tabasco, Javier May, de haber colocado a un supuesto líder criminal en un cargo clave dentro de la seguridad estatal. Ricardo Monreal, por su parte, enfrenta cuestionamientos debido a su cercanía con grupos criminales en Zacatecas y su relación con Pedro Haces, un legislador que enfrenta investigaciones en Estados Unidos. Estos señalamientos han generado una gran incertidumbre, ya que cualquier acción judicial de Washington podría provocar un reacomodo en la estructura de poder de Morena y del Congreso mexicano.
Las declaraciones judiciales en los procesos contra Joaquín "El Chapo" Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, han revelado información comprometedora sobre políticos mexicanos. Documentos y testimonios protegidos han señalado que diversos funcionarios habrían recibido financiamiento de grupos como La Familia Michoacana y la organización de Rafael Caro Quintero. Más aún, las indagatorias sugieren que el expresidente Andrés Manuel López Obrador podría estar bajo escrutinio, ya que su nombre ha sido mencionado en relación con posibles financiamientos ilícitos.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense ha manejado con prudencia esta información, evitando tomar medidas drásticas para no desestabilizar a su vecino del sur. Sin embargo, la solicitud de cooperación representa un cambio en la estrategia: en vez de actuar unilateralmente, Washington busca que la administración de Sheinbaum participe activamente en la lucha contra la narcopolítica. Para la presidenta, este escenario representa un dilema complejo. Por un lado, aceptar la colaboración de Estados Unidos le permitiría depurar el panorama político y deshacerse de figuras que podrían representar un obstáculo para su gobierno. Sin embargo, esta opción también conlleva riesgos, ya que abrir una investigación de tal magnitud podría exponer conexiones incómodas dentro de su propia administración.
Si el gobierno mexicano opta por aceptar el acuerdo a nivel diplomático, las indagaciones se manejarían con discreción en sus primeras etapas, evitando así un desgaste político inmediato. No obstante, una vez iniciado el proceso, no habría marcha atrás. La presión de Washington no permitiría detener las investigaciones, incluso si estas alcanzaran niveles que la administración de Sheinbaum preferiría evitar. Para la presidenta, este momento podría definir el rumbo de su mandato. Si decide colaborar, México podría avanzar hacia un escenario en el que el crimen organizado pierda influencia en la política, pero a costa de una crisis interna en Morena. Si, en cambio, opta por resistirse, se arriesga a que Estados Unidos actúe por su cuenta, lo que podría derivar en un escándalo internacional de gran magnitud.
El plazo del 2 de abril será decisivo. En las próximas semanas se definirá si México y Estados Unidos logran establecer un mecanismo de cooperación sin precedentes o si la administración Trump opta por actuar unilateralmente. Más allá de las relaciones diplomáticas, lo que está en juego es la estabilidad política de México y la confianza en sus instituciones. Durante décadas, el narcotráfico ha sido una pieza clave en la vida política del país, pero este podría ser el principio del fin para la impunidad. La gran incógnita es si el gobierno de Sheinbaum está dispuesto a enfrentar esta tormenta o si, una vez más, la corrupción logrará blindar a quienes han hecho de la política un negocio al servicio del crimen.