Por un poder judicial sin payasos

_"Cuando la justicia se convierte en espectáculo, el derecho deja de ser un ideal y se transforma en un acto de entretenimiento"_

Por Isidro Aguado Santacruz

Como decía el gran jurista italiano Piero Calamandrei: "La justicia es una vestal que debe mantenerse lejos de las pasiones políticas." Entonces, ¿qué hacemos hoy en México convirtiendo a jueces en candidatos y a las elecciones en un desfile de disfraces?

¿Qué hace un juez? ¿Qué funciones debe cumplir un magistrado? ¿Qué rol desempeña un ministro de la Suprema Corte? Estas no son preguntas retóricas ni triviales: son interrogantes fundamentales que deberían ser el punto de partida para cualquier persona que aspire a integrar uno de los tres poderes del Estado. La respuesta no se encuentra en TikTok ni en los videos virales donde candidatos bailan, se disfrazan o comparan su candidatura con un chicharrón preparado. Se halla en la Constitución, en el estudio riguroso del derecho, en la ética judicial, en la vocación de servicio y en la abogacía como una disciplina seria y transformadora. Y sin embargo, lo que hoy presenciamos en México es una grotesca parodia de la justicia.

La elección popular de cargos judiciales ha convertido al país en un espectáculo de cuarta categoría. He seguido de cerca cada uno de estos procesos electorales, y no puedo más que alertar a la ciudadanía: estamos cruzando una línea muy peligrosa. Más de 3,400 candidaturas a cargos del Poder Judicial Federal iniciaron campaña el pasado 30 de marzo, pero el escenario no parece político ni institucional, sino circense. Un circo con pista triple, con redes sociales como carpa, donde se interpreta el ridículo con la más desesperada ambición de poder.

Se suponía que el objetivo era dignificar la justicia, erradicar el nepotismo, acercar al Poder Judicial al pueblo. Pero el remedio salió peor que la enfermedad. Se ha desnaturalizado por completo el rol del juzgador. En lugar de elevar el estándar ético y técnico de quienes aspiran a ejercer la justicia, se ha degradado la función judicial al nivel de un concurso de popularidad basado en el entretenimiento barato. Hoy los aspirantes al máximo tribunal del país hacen campañas como si buscaran un papel en una telenovela, no una toga.

Un juez no está para prometer cambios que no le competen. No le corresponde modificar planes de estudio (eso es de la SEP), ni erradicar redes de coyotaje (eso es del Ministerio Público), ni ofrecer certificaciones judiciales cada cuatro años como si esto fuera una competencia de habilidades técnicas. La ignorancia sobre las funciones constitucionales no solo es preocupante: es ofensiva. Porque implica que quienes hoy se postulan ni siquiera comprenden el alcance, los límites ni la responsabilidad de las funciones que pretenden ejercer.

Y para colmo, en esta maroma legal, el diseño institucional ha sido una burla. No hay acceso garantizado a medios tradicionales, los topes de campaña son risibles —apenas 220 mil pesos para 60 días— y los debates son impracticables. Se le exige a cada aspirante que "haga campaña", pero se le condena a hacerlo sin recursos, sin foros de exposición serios y con reglas absurdas que obligan a recurrir a lo que hoy domina el lenguaje digital: la banalidad.

¿Dónde quedó el mérito? ¿La formación? ¿La trayectoria? ¿La solvencia moral y técnica que debería distinguir a una ministra, un magistrado, un juez? En lugar de ello, tenemos a personajes cuyo único mérito es su capacidad de sonar en redes sociales. No importa si no saben lo que hace un ministro. Lo importante es que bailan bien y que logran viralizarse. Nuestro país, tristemente, ya no elige guardianes del derecho: elige influencers judiciales.

Si en el ámbito electoral ya era triste ver a políticos comiendo en fondas, abrazando niños que no conocen y usando frases populistas para captar votos, lo del Poder Judicial es una tragedia aún mayor. Porque quienes deben impartir justicia deberían ser ejemplo de sobriedad, imparcialidad, reflexión, equilibrio y profundidad. En cambio, tenemos payasos de toga ficticia que lo único que buscan es una curul judicial desde la que puedan complacer a quien los llevó al cargo.

Y sí, lo digo con toda responsabilidad: hay candidaturas que son una verdadera vergüenza. Personas que jamás deberían estar siquiera cerca de una sala de audiencias, hoy hacen campaña como si su ignorancia fuera un acto de valentía. No conocen los principios de legalidad, desconocen lo que es la tutela judicial efectiva, ignoran lo que implica la independencia de un juzgador. Y lo peor: muchos de ellos actúan con cinismo.

El Poder Judicial no es un escenario para improvisaciones ni protagonismos. Es la base de un Estado de Derecho. Allí se define la libertad, la propiedad, la dignidad y la vida de las personas. No es lugar para influencers, ni para militantes disfrazados de jueces, ni para operadores políticos que juran independencia mientras cierran filas con el partido en el poder.

Es urgente una nueva reforma. Una que devuelva el carácter técnico y profesional a la elección de jueces, magistrados y ministros. Una que valore la formación, la experiencia, los principios. Una que impida que quienes fingen humildad en campaña solo para acceder al poder judicial puedan traicionar, desde adentro, los principios republicanos de nuestra democracia.

Mientras tanto, prepárense: el show apenas comienza. El escenario ya está montado. Faltan semanas de campaña. Y si lo que viene es igual o peor a lo que ya vimos, este circo tendrá funciones diarias, pero la justicia será la gran ausente en cada una de ellas.

Porque un país que convierte a sus jueces en bufones, solo puede terminar en la tragedia de la impunidad.

Y como buen espectáculo, cuando se acabe, no quedará rastro de justicia. Solo aplausos fingidos y un pueblo aún más desprotegido.

Una breve lección para quienes no saben lo que buscan ser:

Un juez resuelve controversias entre partes, interpreta y aplica la ley en cada caso, protegiendo derechos y garantizando el debido proceso.

Un magistrado revisa, en segunda instancia, las decisiones judiciales de jueces inferiores, con mayor responsabilidad y alcance jurídico.

Un ministro de la Suprema Corte resuelve asuntos constitucionales y de gran trascendencia nacional; sus decisiones fijan precedentes obligatorios y su función es ser el último garante de la Constitución.

No es un cargo para improvisar. Es un deber constitucional, no un concurso de popularidad. Quien no lo entienda, que se retire del escenario.

Adaptarse al compás de la vida no es tarea sencilla; en Cambio de ritmo, intento no perder el paso. Que tengas un excelente inicio de semana lector.