por El Colef
01/01/2025 10:44 / Uniradio Informa Baja California / Columnas / Actualizado al 01/01/2025
Yeminá Valdez-Samaniego*
Cada inicio de año trae consigo reflexiones sobre lo que hemos hecho y, sobre todo, sobre lo que aún nos queda por hacer. Más allá de los clásicos propósitos personales, en esta ocasión le propongo que nos enfoquemos en aquellas intenciones de política pública (o políticas públicas con intención) que puedan transformar nuestra realidad colectiva. En el caso de México, las políticas hídricas exigen una revisión profunda y un compromiso renovado. Por esta razón, le comparto tres propósitos para avanzar hacia un manejo más equitativo, sostenible y participativo del agua. Los propósitos son:
1. Una nueva Ley de Aguas Nacionales
El primer propósito es la emisión de una nueva Ley de Aguas Nacionales por parte del Congreso de la Unión. La legislación vigente, que data de 1992, está desfasada frente a los retos contemporáneos, como el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y el acceso desigual al agua potable. Pese a que la reforma constitucional de 2012 reconoció el derecho humano al agua, el Congreso lleva más de una década incumpliendo su mandato de actualizar el marco normativo. La nueva ley debe garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos, priorizar el consumo humano y establecer mecanismos claros para evitar abusos en su uso. Sin esta herramienta jurídica, seguiremos enfrentando conflictos y desigualdades que agravan la crisis hídrica del país.
2. Reinterpretar el Tratado de Aguas México-Estados Unidos
El segundo propósito es la revisión del Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos bajo la lente del derecho humano al agua. Este acuerdo, que regula el aprovechamiento de los ríos fronterizos, ha sido motivo de tensiones recurrentes, especialmente en el contexto de sequías prolongadas. La interpretación actual del tratado prioriza el cumplimiento de cuotas establecidas hace 80 años, sin considerar los cambios demográficos, ambientales y sociales que han transformado las regiones fronterizas. Una reinterpretación jurídica que integre los principios de justicia hídrica y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos permitiría equilibrar mejor las necesidades locales y las obligaciones internacionales, sentando un precedente para la cooperación hídrica global.
3. Fortalecer la participación ciudadana en la gestión del agua
El tercer propósito es la apertura de más espacios para que la ciudadanía participe activamente en los procesos de gestión hídrica. Durante demasiado tiempo, las decisiones sobre el agua han quedado en manos de actores gubernamentales y privados, dejando fuera a las comunidades más afectadas. Es imprescindible establecer mecanismos de consulta y co-gestión que incorporen las voces de las organizaciones civiles, pueblos indígenas y usuarios locales. Solo así será posible diseñar políticas que respondan a la diversidad de realidades que existen en el territorio mexicano, promoviéndose, además, una distribución más justa del recurso.
Estos tres propósitos no son ideales abstractos, sino pasos concretos hacia un manejo del agua más equitativo y sostenible. Cumplirlos requiere voluntad política, conocimiento técnico y, sobre todo, la participación de toda la sociedad. Si hacemos del 2025 el año en que el agua sea prioridad nacional, habremos dado un gran paso para garantizar un futuro en el que todos tengamos acceso a este recurso vital.
*Investigadora postdoctoral en El Colef
