Una Suprema decisión

_"La historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa."_ - Karl Marx.

Por Isidro Aguado Santacruz

La dimisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un acto de grandeza y una afirmación rotunda de su integridad, honrando al Máximo Tribunal y manifestando su congruencia con la defensa de nuestra Constitución. En un entorno en el que el oficialismo se esfuerza por desacreditarlos, incluso llegando a amenazar con invalidar sus renuncias y privarlos de las pensiones que les corresponden por ley y por la misma reforma judicial que el propio partido en el poder impulsó, esta decisión adquiere una relevancia aún mayor.

Este grupo de ministros -Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Luis María Aguilar- merece un reconocimiento no solo por su valentía, sino también por su coherencia y profunda dignidad. La historia tiene una forma peculiar de ubicar a cada quien en el sitio que merece. Y aunque muchos sostendrán que la historia suele ser escrita por quienes triunfan en lo inmediato, en este caso, la postura patriótica de quienes renuncian en defensa del pacto federativo, la división de poderes, la democracia y los derechos humanos de los mexicanos, quedará inscrita en los anales del derecho en nuestro país, como un ejemplo de integridad y de verdadera lealtad a los principios de nuestra nación.

Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte no carecen de un alto valor en cuanto a la dignidad y el respeto que proyectan hacia sus trayectorias y la defensa de la Constitución. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, subrayó en su carta de dimisión que renuncia al haber vitalicio que les corresponde por derecho a los miembros del máximo tribunal, argumentando que lo hace "para preservar mi espacio de dignidad y libertad personal." Con esta declaración, ha silenciado a figuras como Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes habían insinuado que los ministros renunciaban con el único propósito de asegurarse el retiro lleno de beneficios económicos. En realidad, estas renuncias se dieron en el contexto de una reforma judicial impulsada por la mayoría legislativa que el gobierno ha forzado artificialmente.

Cada una de estas cartas de renuncia, desde la de la presidenta de la Corte hasta las de los otros siete ministros, es un documento que ilustra la resistencia ante la embestida del gobierno por subordinar a la Suprema Corte y al Poder Judicial en su totalidad. En esta misma línea, el gobierno actual ha recurrido a figuras jurídicas dudosas, diseñadas para instaurar una autocracia y socavar la democracia. Un ejemplo es la polémica creación de la llamada "supremacía constitucional," un concepto que pretende sofocar cualquier oposición a los designios del Ejecutivo federal.

Para comprender la urgencia con la que el oficialismo se apresura a consolidar su dominio sobre el Poder Judicial, basta con observar cómo se ha pisado el acelerador en los últimos días. Tras la aprobación de la reforma de supremacía constitucional por el Senado y la Cámara de Diputados, se ha buscado ratificación en al menos 17 congresos locales, con el fin de formalizar una declaratoria de validez que cierra el círculo en torno a una nueva arquitectura constitucional.

En esta campaña, el oficialismo se regocija en una aparente victoria, aunque su entusiasmo oculta un proyecto que, en su esencia, confronta y contradice los principios fundacionales de la Constitución de 1917, esa Carta Magna nacida del dolor y la sangre de una revolución. Este proyecto de transformación busca no solo cambiar la ley, sino también el espíritu que sustenta a nuestro Estado de derecho.

Las renuncias de ministros y el rechazo de cerca de la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito para participar en una elección judicial cuestionable evidencian la crisis de confianza que enfrenta el sistema. La nueva configuración de la Suprema Corte parece destinada a ser integrada por figuras con cuestionables credenciales, que más que a su capacidad técnica responden a una lealtad política absoluta hacia Morena y sus aliados. Celebran estos logros iniciales, pero parecen ignorar las consecuencias profundas que estas decisiones pueden desatar en la estructura de nuestra democracia.

A nivel global, la historia nos muestra que la erosión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, desde Venezuela hasta Cuba, suele ser el preludio de un largo y doloroso declive social. La indiferencia actual de una parte de la población frente a esta crisis constitucional puede ser reemplazada por el descontento generalizado cuando las decisiones de hoy se traduzcan en pérdidas tangibles en su vida diaria.
No es solo la falta de jueces imparciales y capacitados lo que está en juego; también lo está el bienestar económico de nuestro país. La incertidumbre que estas reformas han sembrado entre inversionistas y socios comerciales comienza a pasar factura, desde la posibilidad de conflictos con el T-MEC hasta la desconfianza de las calificadoras internacionales, que ven con preocupación el rumbo de nuestra economía. La devaluación del peso, el aumento de la inflación, la caída del PIB y la agonía de Pemex como empresa productiva del Estado son solo algunos de los síntomas de una economía que, poco a poco, pierde solidez ante un proyecto político que amenaza con conducir a México hacia un futuro incierto y polarizado.

La renuncia de los ministros de la Suprema Corte no es solo un acto de valentía individual, sino un eco de alarma que retumba en el corazón de nuestra democracia. Ante la embestida de un gobierno que, bajo la bandera de la transformación, busca someter la justicia a su mandato, México se enfrenta a una elección que definirá su rumbo histórico. La decisión de estos ministros representa un último bastión de dignidad y resistencia, una advertencia de que el costo de sacrificar la autonomía judicial en favor de intereses de un solo poder es demasiado alto. Hoy, más que nunca, el país necesita a sus ciudadanos alertas, dispuestos a defender un orden constitucional que, aunque imperfecto, es la base de nuestras libertades. Que no sea la historia la que, años después, juzgue nuestra indiferencia. Excelente fin de semana lectores.