10/10/2023 19:34 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 10/10/2023
ENSENADA.- El secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California (STPS), Alejandro Arregui Ibarra, acompañó a 63 trabajadoras y trabajadores de la empresa KH Yellow al Tribunal Laboral ubicado en Ensenada para presentar una demanda. Esto se debe a que el centro laboral donde se desempeñaban cerró sus puertas, dejándolos sin empleo y sin liquidación. En este proceso, recibieron asesoría y representación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Arregui Ibarra les informó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, está al tanto de lo sucedido y le pidió un puntual seguimiento. Desde el inicio de la denuncia y petición de las y los trabajadores, han contado con el apoyo de la STPS para garantizar que se respeten sus derechos.
Señaló que llevaron el asunto ante los tribunales laborales después de haber agotado el procedimiento de conciliación, al cual fue citada la empresa, pero no se llegó a un acuerdo.
"Les vamos a hacer justicia, que no tengan duda. Al juez laboral del caso, le expresamos nuestro sentir y que la empresa pretendió y pretende dejar a sus empleados sin su trabajo, sin su liquidación e indemnización que por ley les corresponde", declaró.
Mencionó que el Poder Judicial, a través de su Tribunal de Justicia Laboral, será el encargado de decidir y determinar lo que por derecho corresponda, emitiendo la resolución correspondiente.
"Hacemos un puntual y atento llamado a las y los trabajadores a que no se dejen engañar. Para eso está el gobierno de Marina del Pilar y la Secretaría del Trabajo a mi cargo, para hacer valer sus derechos y asesorarlos de manera oportuna", añadió.
Además, puntualizó que este gobierno está en comunicación y sinergia con la finalidad de resolver las injusticias. Próximamente anunciarán una iniciativa para realizar una reforma, la cual se presentará en el Congreso del Estado, buscando endurecer las penas contra las empresas "golondrinas", representantes legales y personas ventajosas que pretendan eludir los derechos de las y los trabajadores.