Debates presidenciales organizados por el INE buscaron voto informado de la ciudadanía a un bajo costo
Ejercicios tuvieron un costo menor real de 34 millones de pesos respecto de los de 2018: Carla Humphrey
Resuelve Consejo General 214 procedimientos administrativos en materia de fiscalización
CIUDAD DE MÉXICO.- Los debates presidenciales 2024 cumplieron su objetivo de ser ejercicios de información para la ciudadanía, a fin de que pudiera emitir un voto libre e informado en la Jornada Electoral del 2 de junio, con un gasto moderado, coincidieron consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).
Al presentar el Informe Final de la Comisión Temporal de Debates ante el Consejo General, la Consejera Carla Humphrey Jordan -presidenta de la Comisión- aseguró que los debates de este proceso electoral tuvieron un costo menor real de 34 millones de pesos, en comparación con los de 2018.
"Para ponerlo en perspectiva, estos tres debates tuvieron un costo de 68 centavos por cada persona votante o bien, de 41 centavos de cada persona inscrita en la Lista Nominal de Electores", destacó.
Humphrey subrayó que, por primera vez, se llevó a cabo un debate presidencial en las instalaciones del INE; se privilegió la participación, opinión, apoyo y acompañamiento de las representaciones de las candidaturas y se incrementó la participación de las y los mexicanos, menores y mayores de edad, tanto en el territorio nacional, como en el extranjero.
También por primera ocasión, añadió, se realizaron cinco transmisiones simultáneas: la de origen, en Lengua de Señas Mexicana y en las lenguas indígenas maya, náhuatl y tsotsil. Asimismo, se llevaron estos ejercicios a personas en prisión preventiva de 181 centros penitenciarios locales y 14 centros federales.
Con un rating total de 41 millones 833 mil 704 personas mayores de dos años que vieron los tres debates presidenciales, la Consejera Carla Humphrey consideró que cumplieron con su objetivo principal de que "las personas tuvieran una herramienta adicional que les permitiera tomar una decisión libre e informada".
Finalmente, reconoció que los debates organizados por el INE tienen muchos aspectos por mejorar, sin embargo, estos ejercicios dejaron aprendizajes que se tendrán que replicar en el futuro.
Entre éstos, evitar la coincidencia de horarios de transmisión con eventos deportivos; reducir el número de temas en cada formato y procurar una interacción entre participantes; la duración no debe ser mayor a hora y media; reforzar las medidas de inclusión y acciones afirmativas, así como evaluar y mejorar la participación de las personas moderadoras para lograr un papel activo.
Debates atendieron exigencias de la sociedad civil
Sobre las medidas de inclusión, la Consejera Dania Ravel Cuevas celebró que, al transmitir los ejercicios en los centros penitenciarios, se atendió una exigencia de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, que las transmisiones en Lengua de Señas Mexicana y en lenguas indígenas nacionales fueron un paso sin precedentes a favor de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad del país.
Por su parte, el Consejero Jorge Montaño Ventura coincidió en que, al llevar los debates a los centros penitenciarios, el INE fue garantista de los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva. En este sentido, felicitó a quienes están al frente de estos centros por las facilidades otorgadas al personal del Instituto y brindar la seguridad necesaria.
Resuelven procedimientos administrativos en materia de fiscalización
Previamente, el pleno resolvió 214 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales.
En sesión ordinaria, el Consejero Jorge Montaño -presidente de la Comisión de Fiscalización- explicó que en 202 procedimientos la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso el desechamiento de las quejas debido a que se actualizaron distintas causales de improcedencia.
De los 12 asuntos restantes, se determinaron tres como fundados. En el primero, se sancionó con $21,358.00 a Movimiento Ciudadano, debido a que fue omiso en presentar las muestras fotográficas de varias mamparas con emblema del partido y no haber reportado la renta de un jardín y la compra de camisas blancas, en 2021.
En el segundo, se determinó un apartado de la resolución como fundado, en virtud de que se acreditó que el partido Morena no reportó diversos conceptos de gasto que se le atribuyen a Jaime Bonilla Valdés y Armando Ayala Robles, otrora candidatos a la gubernatura de Baja California y presidencia municipal de Ensenada, respectivamente. Por esta falta, la sanción ascendió a $11,599.00.
En el tercer caso, se declaró fundado el procedimiento instaurado en contra de Morena y Alejandro Correa Gómez, ex precandidato a diputado federal por el distrito 06 en el estado de Michoacán, por el que se impuso una multa de $54,263.00 porque el partido no reportó una lona con propaganda electoral en apoyo a su candidatura.
El Consejero Jorge Montaño aprovechó este punto para agradecer el apoyo y el acompañamiento de las oficinas de las consejerías del INE, mismas que trabajaron a marchas forzadas para poder analizar estos asuntos, así como el trabajo de la UTF para tramitar y sustanciar las quejas que fueron interpuestas por los sujetos obligados.
"No me resta más que agradecerles su compromiso institucional para que la fiscalización se cumpla conforme a los plazos previstos por la normatividad", enfatizó.
Durante la sesión, las consejeras y los consejeros dieron cumplimiento a dos sentencias de la Sala Superior y de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, recibieron el Informe sobre el ejercicio de Atribuciones Especiales del Consejo General; el Informe de Credencialización a Personas en Prisión Preventiva, Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024 y el Informe mensual de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2023-2024, mayo de 2024.
Al inicio de la sesión se tomó protesta al senador Juan Manuel Fócil Pérez como Consejero propietario del Poder Legislativo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General.