Diputado Sammy Peña propone agravar penalidad por el delito de feminicidio
Plantea se reforme el artículo 129 del Código Penal para el Estado de Baja California
TIJUANA.- El diputado Miguel Peña Chávez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 129 del Código Penal de Baja California, con el propósito de endurecer las penas en casos de feminicidio cuando la víctima sea una mujer menor de edad, esté embarazada, sea una adulta mayor o tenga discapacidad. También, la iniciativa busca agravar la pena cuando el perpetrador sea un servidor público o cuando haya existido una orden de protección previa al delito.
Peña Chávez subrayó que los homicidios de niñas y mujeres representan un problema grave e inaceptable, y son una manifestación de la violencia feminicida, que a su vez refleja la violación de los derechos humanos de las mujeres y evidencia la falta de Estado de derecho en el país.
El legislador argumentó que estos crímenes atroces contra niñas y mujeres ocurren cada vez con mayor frecuencia en todo el país, y a pesar de ello, los gobiernos federal, estatales y municipales no han desarrollado una política integral para abordarlos y reducir la impunidad que los caracteriza.
Peña Chávez señaló que los ataques contra las niñas y mujeres no se producen en el vacío, sino en un contexto de tolerancia y fomento de la violencia de género misógina y machista, y que los homicidios son la culminación de un proceso marcado por la inseguridad y la escalada de violencia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tres municipios de Baja California (Tijuana, Ensenada y Mexicali) se encuentran entre los 50 primeros lugares en cuanto a índices de feminicidios en todo el país en el primer semestre de 2023.
La reforma propuesta busca homologar a nivel local todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio y la violencia feminicida, con el fin de coordinar acciones para prevenir, abordar, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres.
Según la reforma, las penas se agravarán en un tercio cuando la víctima sea una mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, o cuando el perpetrador sea un servidor público que haya cometido el delito aprovechando su posición. También se considerará un intento de feminicidio si alguien, con la intención de quitarle la vida a una mujer embarazada, provoca un nacimiento prematuro o altera su salud de manera temporal o permanente, o le causa la muerte.
Además de las sanciones descritas, el perpetrador perderá todos los derechos sobre la víctima, incluyendo los derechos sucesorios, y también perderá todos los derechos sobre los hijos de la víctima, garantizando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes según lo establecido por la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de la Niñez en Baja California.