La Alianza por la Libertad Reproductiva pide a la Corte Suprema respetar la autoridad histórica de la FDA y el acceso a medicamentos para aborto segur
CALIFORNIA.- Hoy, la Alianza por la Libertad Reproductiva presentó un informe de amicus curiae ante la Corte Suprema en el caso de la Administración de Alimentos y Medicamentos, et al., v. Alianza por la Medicina Hipocrática. El informe argumenta que la reciente decisión del Quinto Circuito, si se permite que se mantenga, podría socavar la capacidad de los gobernadores para proporcionar servicios de atención médica adecuados, con consecuencias de gran alcance más allá de la atención médica reproductiva.
La mifepristona, un medicamento seguro y altamente efectivo utilizado en más del 50% de todos los abortos, es esencial en estados donde el aborto sigue siendo legal. Cualquier restricción en el acceso a este medicamento podría interrumpir significativamente los sistemas de atención médica estatales, aumentar la carga de los proveedores y plantear riesgos graves para la salud de millones de mujeres. La Alianza argumenta en contra de permitir que extremistas ideológicos anulen la experiencia médica y décadas de evidencia científica al restringir el acceso a medicamentos seguros y efectivos.
Además, la demanda plantea una amenaza para el proceso de revisión federal de la FDA, un estándar probado en el tiempo en términos de rigor y mitigación de riesgos, en el cual los gobernadores confían para proteger la salud y el bienestar de sus constituyentes. Si la Corte respalda esta decisión, se prevén consecuencias graves para el acceso de los pacientes a una variedad de medicamentos seguros y efectivos.
El informe destaca: "[Los gobernadores] confían en las determinaciones de la FDA para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan atención médica en sus estados. Nada en este marco contempla que litigantes fuera de los estados de la Alianza por la Libertad Reproductiva, que desaprueban moralmente un medicamento en particular, utilicen tribunales federales fuera del estado para invalidar el juicio experto de la FDA... Esta estrategia, si tiene éxito, tendría un impacto enormemente disruptivo en la gobernabilidad estatal y obstaculizaría la capacidad de los gobernadores para cumplir con su mandato de proteger la salud y seguridad públicas en el contexto de la atención médica reproductiva y más allá".