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Pide la Fedabo validar a defensores de oficio en Baja California

El propósito de este encuentro fue informar sobre los esfuerzos para ampliar la participación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados en la defensoría de oficio.
Pide la Fedabo validar a defensores de oficio en Baja California Fedabo
19-11-2023

TIJUANA.- El Presidente de la Federación de Abogados de Baja California (FEDABO), Lic. Hassan Martín Franco Ruiz, junto con la Vicepresidenta en Tijuana, Mtra. Harlene Arriaga Nava, y el Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Lic. Alexander Bazán Gómez Llanos, se reunieron con los medios de comunicación para detallar una importante reunión con la Consejería Jurídica del Estado.

El propósito de este encuentro fue informar sobre los esfuerzos para ampliar la participación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados en la defensoría de oficio. Franco Ruiz destacó la iniciativa de ley presentada por el Dip. Sergio Moctezuma en julio de 2022, dirigida a modificar la ley orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California. La propuesta busca que los colegios de abogados validen los nombramientos de los aspirantes a defensores públicos.

Según Franco Ruiz, el objetivo es asegurar que los defensores de oficio cuenten con la preparación técnica legal y la experiencia necesaria para proteger los intereses de aquellos que no pueden costear servicios legales privados. La FEDABO aboga por la calidad y capacidad en la defensoría pública, destacando la importancia de la actualización y capacitación constante en el ámbito jurídico.

En otro contexto, la FEDABO reiteró su rechazo a la propuesta de elegir a Magistrados, Ministros y Jueces por voto popular. Recientemente, 14 abogados de la FEDABO visitaron el Senado de la República para expresar la posición de la comunidad jurídica de Baja California en contra de la iniciativa presentada por el Senador Alejandro Armenta Mier. Martín Franco Ruiz expresó su preocupación por discutir este tema en medio del proceso electoral y subrayó la importancia de la formación y trayectoria en la elección de estos cargos, en lugar de depender de votos populares que no garantizan la capacidad necesaria para el desempeño adecuado de las funciones judiciales.

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