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Busca contribuir a un mejor acceso de la justicia a las mujeres en contexto de desigualdad y violencia

Piden en Congreso de BC incorporar perspectiva de género en labor de investigación y pericial

"Pocos casos se han investigado y juzgado con perspectiva de género, son insuficientes para transformar un sistema de justicia"
Congreso Archivo
04-11-2023

BAJA CALIFORNIA.- La diputada Liliana Michel Sánchez Allende, con el fin de mejorar el acceso a la justicia para mujeres que enfrentan desigualdad y violencia, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California. La propuesta busca integrar la perspectiva de género con un enfoque interseccional y de derechos humanos en los programas relacionados con asuntos penales, dando preferencia a peritas con capacitación y experiencia en estos temas. También se plantea considerar áreas de conocimiento específicas en los casos de violencia contra las mujeres en asuntos de orden civil.

La legisladora enfatizó que, aunque ha habido pocos casos investigados y juzgados con perspectiva de género, es esencial transformar un sistema de justicia que históricamente ha tenido una visión androcéntrica y misógina. Resaltó el caso reciente de Alina en Baja California, quien recuperó su libertad en segunda instancia gracias a la aplicación de la perspectiva de género.

Sánchez Allende señaló que, solo en los primeros ocho meses de 2023, se han registrado en Baja California 15 casos de feminicidio, 162 homicidios dolosos contra mujeres, 9,775 casos de violencia familiar, 661 casos de violación y 137 casos de corrupción, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En este contexto, subrayó la importancia de implementar una metodología de investigación con perspectiva de género y enfoque interseccional para garantizar el acceso a la justicia.

A nivel local, se han realizado ajustes a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece que a la Fiscalía General del Estado le corresponde diseñar políticas de procuración de justicia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, se prevé la especialización del personal en derechos humanos, género y eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres a través de programas y cursos permanentes.

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