El Tribunal Electoral de Baja California, se somete a la voluntad de la presidenta municipal
15/08/2024 08:29 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 15/08/2024
BAJA CALIFORNIA.- Sin importarles que el Cabildo es un órgano indivisible del H. Ayuntamiento de Tijuana, los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, emitieron el día de hoy una resolución dentro del expediente JC/227/2024, en la cual emitieron órdenes y medidas cautelares, sin tener competencia para conocer del fondo del asunto.
Esto en relación con una demanda por supuesta violencia política de género, en la que Monserrat Caballero se escuda, para a toda costa lograr que el Cabildo reciba la notificación de las trasferencias por 462 millones de pesos que ya se gastó.
Sin tener facultades, no solo para conocer y menos para resolver sobre el fondo de esa denuncia, el Tribunal Electoral de Baja California, se extralimitó en sus funciones, al ordenar una serie de medidas cautelares, argumentando una urgencia que sólo existe en los casos donde se pone en peligro la vida de los quejosos.
Con esa argucia legal, el Tribunal Electoral, se sometió a los deseos de Monserrat Caballero, ya que, se justifican en una jurisprudencia, que permite ordenar medidas cautelares solo cuando se pone en peligro la vida, la seguridad, la integridad y la libertad de los quejosos, es decir, situaciones que en ningún momento se estarían acreditando, por lo que solo es un pretexto que el Pleno del Tribunal Electoral utiliza para justificar lo injustificable.
Esa resolución, pone en entredicho ante la sociedad, la honorabilidad de nosotros los Regidores, pues están prejuzgándonos. En todo caso el Tribunal Electoral, debió turnar la denuncia al órgano competente, para que este en pleno de sus facultades decidiera, pero fueron más allá y decidieron rendirle pleitesías a Monserrat Caballero, porque la única manera de justificar sus medidas cautelares, fue señalándonos de atentar contra la vida y la libertad de la quejosa, es decir un absurdo.
Por ello, estamos analizando la vía procedente, para informar al Congreso de Baja California, sobre este abuso de autoridad que están cometiendo, ya que ni siquiera nos turnaron copia de la denuncia, lo cual es otro absurdo. Te están prejuzgando, ordenándote unas medidas cautelares que estan fuera del marco de la legalidad. Al hacerlo el Tribunal Electoral, esta violando su Ley Reglamentaria, que los obliga a actuar conforme a derecho y a no afectar a terceros por simple analogia, como este caso ellos tratan de Justificar.
Desde este momento negamos que estemos atentando contra la vida, la seguridad, la integridad o la libertad de Monserrat Caballero, y negamos también que esas medidas cautelares sean legales, porque en ningún momento los integrantes del pleno del tribunal electoral se tomaron la molestia de especificar cual de las conductas denunciadas encuadra en los graves supuestos de procedencia que esa jurisprudencia señala, para que emitieran sus medidas cautelares sin tener competencia en el asunto.
En virtud de que el tribunal electoral temerariamente y en exceso de facultades y atribuciones menciona que podrán ser llamados los suplentes.
Lo que se harían acreedores de una denuncia de juicio político por parte de integrantes del Cabildo de Tijuana, ante el Congreso del Estado para ser sancionados por tal acción.
Por ello, estamos analizando presentar ante el Congreso Estatal, la queja correspondiente, para que se analice allí sí, conforme a derecho, si estas medidas absurdas del Tribunal Electoral, vienen a abonarle al estado de ingobernabilidad que Monserrat Caballero ha propiciado y que los Tijuanenses no merecemos, y si de esto, se deriva un juicio político hacia ellos, que así sea.
Hacemos un llamado a las instituciones electorales, para que no pierdan el enfoque de la legalidad. Esta resolución es un absurdo jurídico, da pie incluso a ser malinterpretada, para que decidan unilateralmente y fuera de la ley, llamar a los suplentes de los regidores, a quienes sin saberlo, los colocan en una posición de incurrir hasta en un delito, por uso y ejercicio indebido de atribuciones, todo por el absurdo de unas medidas cautelares, que fueron todo, menos cautas.
