Gobierno
El Tribunal Electoral de Baja California, se somete a la voluntad de la presidenta municipal

Posicionamiento sobre la resolución del tribunal electoral de Baja California

Emiten medidas cautelares injustificadas, señalando a los regidores de atentar contra la vida y la seguridad de Monserrat Caballero.
Tribunal Estatal Electoral de Sonora TEE Sonora
15-08-2024

BAJA CALIFORNIA.- Sin importarles que el Cabildo es un órgano indivisible del H. Ayuntamiento de Tijuana, los integrantes del Pleno del  Tribunal Electoral del Estado de Baja California, emitieron el día  de hoy una resolución dentro del expediente JC/227/2024, en  la cual emitieron órdenes y medidas cautelares, sin tener  competencia para conocer del fondo del asunto. 

Esto en relación con una demanda por supuesta  violencia política de género, en la que Monserrat Caballero se  escuda, para a toda costa lograr que el Cabildo reciba la  notificación de las trasferencias por 462 millones de pesos que  ya se gastó. 

Sin tener facultades, no solo para conocer y menos para  resolver sobre el fondo de esa denuncia, el Tribunal Electoral de  Baja California, se extralimitó en sus funciones, al ordenar una  serie de medidas cautelares, argumentando una urgencia que  sólo existe en los casos donde se pone en peligro la vida de los  quejosos. 

Con esa argucia legal, el Tribunal Electoral, se sometió  a los deseos de Monserrat Caballero, ya que, se justifican en una  jurisprudencia, que permite ordenar medidas cautelares  solo cuando se pone en peligro la vida, la seguridad, la  integridad y la libertad de los quejosos, es decir, situaciones que  en ningún momento se estarían acreditando, por lo  que solo es un pretexto que el Pleno del Tribunal Electoral  utiliza para justificar lo injustificable. 

Esa resolución, pone en entredicho ante la sociedad, la  honorabilidad de nosotros los Regidores, pues están  prejuzgándonos. En todo caso el Tribunal Electoral, debió turnar  la denuncia al órgano competente, para que este en pleno de  sus facultades decidiera, pero fueron más allá y decidieron  rendirle pleitesías a Monserrat Caballero, porque la única  manera de justificar sus medidas cautelares, fue señalándonos  de atentar contra la vida y la libertad de la quejosa, es decir un  absurdo. 

Por ello, estamos analizando la vía procedente, para  informar al Congreso de Baja California, sobre este abuso de  autoridad que están cometiendo, ya que ni siquiera nos  turnaron copia de la denuncia, lo cual es otro absurdo.  Te están prejuzgando, ordenándote unas medidas cautelares  que estan fuera del marco de la legalidad. Al hacerlo el Tribunal Electoral, esta violando su Ley Reglamentaria, que los  obliga a actuar conforme a derecho y a no afectar a terceros por  simple analogia, como este caso ellos tratan de Justificar. 

Desde este momento negamos que estemos  atentando contra la vida, la seguridad, la integridad o la  libertad de Monserrat Caballero, y negamos también que esas  medidas cautelares sean legales, porque en ningún  momento los integrantes del pleno del tribunal electoral se  tomaron la molestia de especificar cual de las conductas  denunciadas encuadra en los graves supuestos de  procedencia que esa jurisprudencia señala, para que emitieran  sus medidas cautelares sin tener competencia en el  asunto. 

En virtud de que el tribunal electoral temerariamente y  en exceso de facultades y atribuciones menciona que podrán  ser llamados los suplentes. 

Lo que se harían acreedores de una denuncia de juicio  político por parte de integrantes del Cabildo de Tijuana, ante el  Congreso del Estado para ser sancionados por tal acción. 

Por ello, estamos analizando presentar ante el  Congreso Estatal, la queja correspondiente, para que se analice  allí sí, conforme a derecho, si estas medidas absurdas del  Tribunal Electoral, vienen a abonarle al estado de  ingobernabilidad que Monserrat Caballero ha propiciado y que  los Tijuanenses no merecemos, y si de esto, se deriva un  juicio político hacia ellos, que así sea. 

Hacemos un llamado a las instituciones electorales,  para que no pierdan el enfoque de la legalidad. Esta resolución  es un absurdo jurídico, da pie incluso a ser malinterpretada,  para que decidan unilateralmente y fuera de la ley, llamar a los  suplentes de los regidores, a quienes sin saberlo, los colocan en  una posición de incurrir hasta en un delito, por uso y ejercicio  indebido de atribuciones, todo por el absurdo de unas  medidas cautelares, que fueron todo, menos cautas.