por Uniradio Informa
23/10/2023 15:09 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 23/10/2023
Protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, debido a que cuando un funcionario público comete actos que atentan contra ellos, es una vía legal que permite su destitución, y enjuiciamiento penal
MEXICALI.- El procedimiento de juicio político desempeña un papel esencial en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando un funcionario público comete actos que atentan contra estos derechos, el juicio político se convierte en una vía legal que permite su destitución y, eventualmente, su enjuiciamiento penal. Así lo enfatizó el diputado Román Cota Muñoz en la exposición de motivos de su Iniciativa para crear la Ley de Juicio Político para el Estado de Baja California, un marco legal compuesto por 39 artículos, distribuidos en nueve capítulos, acompañados de dos artículos transitorios.
El diputado destacó la imperante necesidad de promulgar una ley estatal que regule el procedimiento de juicio político. Dicha normativa debería establecer de manera clara los procedimientos, los plazos y las responsabilidades de todas las partes involucradas, con el fin de garantizar un proceso justo y transparente. Según el legislador de Morena, la promulgación de esta ley fortalecerá la democracia en Baja California, protegerá los derechos de sus ciudadanos y contribuirá a reforzar la confianza en sus instituciones públicas.
Cota Muñoz argumentó que un estado democrático se fundamenta en la participación activa de los ciudadanos y en la existencia de un sistema de pesos y contrapesos. El juicio político es un mecanismo que contribuye a este equilibrio, permitiendo el control y sanción de posibles abusos de poder por parte de los servidores públicos. De este modo, establecer el procedimiento de juicio político en una normativa vigente inspiraría confianza en la ciudadanía al demostrar el compromiso de Baja California de mantener un gobierno transparente, ético y responsable. Esto garantizaría que los servidores públicos que actúen en contra de los intereses del pueblo sean llevados ante la justicia.
El diputado también resaltó que, en el ámbito internacional, México ha ratificado tratados que obligan a proteger los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas, como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia en casos relacionados con el juicio político, estableciendo precedentes importantes sobre asuntos como la competencia de las legislaturas locales para llevar a cabo el juicio político y los procedimientos que deben seguirse para garantizar un debido proceso en casos de conductas perjudiciales para los intereses públicos fundamentales o el buen desempeño de un funcionario.
