12/09/2024 10:50 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 11/09/2024
TIJUANA.- El pasado 30 de agosto, el señor Jaime "N" envió por paquetería un documento suscrito por él, a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC) un escrito en el que señalaba, entre otras cuestiones, un domicilio para ser notificado cualquier cosa que a su interés correspondiera, y como parte de las diligencias de la fiscalía está la de cerciorarse de todos esos elementos, señaló Juan José Pon Méndez, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Baja California.
El funcionario estatal está citado a comparecer con varios objetivos, el primero verificar que ese documento fue efectivamente suscrito por el indiciado, y segundo, para poder darle todos los elementos que sean necesarios para él pueda llevar su derecho a la defensa.
Es importante señalar, dijo, que en este caso de la planta fotovoltaica, ya cuentan a la fecha, con nueve personas que están vinculadas a proceso, ocho sobre las cuales ya cuentan con auto de apertura a juicio, y de esas, cinco corresponden a exservidores públicos y tres a particulares.
Los tres delitos iniciales por los cuales son procesadas todas estas personas son uso ilícito de atribuciones, uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares, así como el delito de peculado.
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de BC informó que en el mes de julio, a través de un recurso de apelación, se logró que adicionalmente a estos delitos se les vinculara por un cuarto delito, que es el de abuso de autoridad.
Juan José Pon Méndez dio a conocer que la banca sigue insistente en cobrar esos 4,500 millones de pesos (unos 250 millones de dólares), que no se les han entregado gracias a todas las acciones legales interpuestas a través del Gobierno de Baja California, pero insisten en reclamarlos a través de amparos, cuando son recursos millonarios de aportaciones federales que han evitado entregar por un proyecto inexistente.
Se recordó que la administración de Jaime Bonilla comprometió las finanzas de Baja California por una supuesta planta fotovoltaica sin tener la autorización del gobierno federal, únicos facultados y con competencia para construir este tipo de desarrollos, lo cual fue claro incluso porque el exgobernador manifestó que no iba a hacer caso al aviso formal de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien le advirtió del tema.
Además se hizo el contrato aún sin contar con la personalidad jurídica.
Tampoco contaban con las autorizaciones de la Semarnat ni de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
"A sabiendas de todo eso, y que no se iba a hacer la planta fotovoltaica, nos están cobrando".
- Además fue, resaltaron, un contrato Leonino, porque se comprometieron a pagar aunque no se construyera la planta fotovoltaica, lo que lo convierte en otra "estafa maestra".
El delito de abuso de autoridad tiene una sanción de 9 años de prisión, el de uso ilícito de atribuciones con hasta 12 años de cárcel, mientras que el de peculado son 16 años, señalaron.
