De no haber actuado, cada mes estarían cobrando 123 millones, por más de 3 mil millones de pesos.
03/01/2024 20:30 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 03/01/2024
BAJA CALIFORNIA.- Juan José Pon, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Baja California, comentó sobre la extradición de un ejecutivo de Banca Afirme que fue aprehendido en Estados Unidos. Las autoridades detallaron que fue detenido en el aeropuerto de Houston, Texas, gracias a la alerta de la FGEBC con las autoridades migratorias, pero no por tema de migración, aunque se encuentra en un centro de detención de Estados Unidos.
El detenido argumentó que de ser deportado a México, pudiera ser objeto de persecución política, lo cual fue desmentido, ya que la actuación se ha dado en base a las denuncias presentadas. El Consejero Jurídico señaló que lo que se está solicitando es que se haga justicia en este sentido y que están teniendo comunicación con las autoridades norteamericanas, específicamente a la Fiscalía General del Estado, con el propósito de acelerar este procedimiento para que se ponga esta persona a disposición de la justicia mexicana y pueda responder ante la justicia y ante los baja californianos.
Además, se informó que ya se logró el acuerdo de apertura a juicio en contra de cinco personas, cuatro de ellos ex servidores públicos y uno un particular.
El sábado 30 de diciembre se llevó a cabo la audiencia intermedia en contra de dos particulares, la cual se difirió para el 28 de este mes debido a que una de las personas cambió de abogado particular y solicitaron tiempo para que se pudiera imponer de los expedientes.
El Consejero Jurídico agregó que todos los pasos que han estado tomando son importantes no solo para sancionar, sino también para recuperar los 123 millones de pesos que fueron retenidos. También es importante señalar que han evitado a la fecha que se siga afectando participaciones federales.
Por su parte, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó que, de no haber sido por los esfuerzos jurídicos que se venían realizando mes con mes, se habrían perdido alrededor de 120 millones 123 mil pesos mensuales, lo que equivale a más de 3000 millones de pesos en total.
