por Uniradio Informa
30/11/2023 15:04 / Uniradio Informa Baja California / Gobierno / Actualizado al 30/11/2023
- Hay unos 10 contratos firmados por administraciones anteriores con condiciones radicalmente desventajosas para el gobierno estatal, que se han ido desarticulando, y en términos generales persiste el alto riesgo del contrato de la planta fotovoltaica con la empresa y bancos.
- En el caso de Fisamex, esos contratos ya no estaban en funcionamiento al iniciar esta administración, algunos que no eran convenientes, por lo que se revisaron para ubicar los factores de riesgo o elementos que pudieran llevar a procesos judiciales contra quienes los firmaron.
- Aclara que la Secretaría de Hacienda no es el organismo fiscalizador.
BAJA CALIFORNIA.- En un esfuerzo continuo por rectificar prácticas contractuales perjudiciales para el gobierno estatal, la Secretaría de Hacienda Estatal de Baja California (SAT BC) reveló que aproximadamente 10 contratos firmados por administraciones anteriores están siendo desmantelados debido a sus condiciones radicalmente desfavorables. A pesar de los esfuerzos para mitigar los riesgos asociados, persiste una preocupación particular en torno al contrato de la planta fotovoltaica, que se encuentra actualmente envuelto en disputas legales con la empresa y entidades bancarias.
Según Marco Moreno Mexía, Secretario de Hacienda Estatal de Baja California, algunos de estos contratos, como el de Fisamex, ya no estaban en vigor al inicio de la actual administración. Ante esta situación, se llevó a cabo una revisión exhaustiva para identificar posibles factores de riesgo o elementos que podrían desencadenar procesos judiciales contra aquellos que los rubricaron.
"Hemos ido desarticulando los efectos de sus contratos minimizando los riesgos, algunos ya están cancelados y otros en proceso de solución", dijo. "Lo que hicimos en esta administración fue revisar las implicaciones financieras de lo que hubiera sucedido y buscar tratar de ubicar factores de riesgo o elementos que permitieran pensar en procesos judiciales en contra de quienes tomaron la decisión para esos contratos", agregó.
Mexía aclaró que aspectos judiciales no recaen en la jurisdicción de la Secretaría de Hacienda, ya que no es un organismo fiscalizador.
"No somos una entidad fiscalizadora, cada uno de los organismos operadores en la dimensión de las implicaciones que tuvieron sus contratos estuvo obligada a presentar las denuncias correspondientes, si hubiese elementos para poder presentarlos", concluyó.
