25/02/2025 15:57 / Uniradio Informa Baja California / Mundo / Actualizado al 25/02/2025
Ismael "El Mayo" Zambada, mediante una carta dirigida al gobierno mexicano, ha solicitado su regreso al país y ha pedido que Estados Unidos no le imponga la pena de muerte.
En el escrito, el narcotraficante sostiene que su captura fue ilegal, alegando que fue privado de su libertad en México "mediante coacción física y engaños" para ser trasladado a territorio estadounidense.
Según Zambada, sus defensores legales son Juan Pablo Penilla y Juan Manuel Delgado González.
El nombre de Penilla ha desatado una tormenta política. Tanto morenistas como opositores se han lavado las manos respecto al abogado, enzarzándose en un juego de culpas sobre un reconocimiento que este recibió en la Cámara de Diputados.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara Baja, presentó pruebas que apuntan a la exdiputada panista Teresa Castell como la promotora del homenaje, mientras ella replica que se trata de "artimañas de Morena" para desprestigiarla.
En medio del lío, Jorge Triana, vocero del PAN, metió más leña al fuego al señalar a Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Penilla y cabeza del despacho que asesora a "El Mayo", como militante activo de Morena, respaldando su acusación con una foto de Ramírez junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En una entrevista de junio de 2022 en Valores TV con Laia Fernández, Ramírez y Penilla hablaron sin rodeos sobre su labor. "Este tipo de delitos muchas veces son satanizados por la gente.
La gente sataniza a los despachos que manejamos estos asuntos. Nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada, sea quien sea", afirmó Ramírez.
Añadió que su objetivo es contribuir a "un nuevo modelo de justicia que permita la paz", destacando los esfuerzos del entonces presidente López Obrador por pacificar el país.
"No tenemos ningún temor, no tenemos ninguna incertidumbre en manifestar que somos abogados del crimen organizado en el país. Defendemos narcotraficantes: sí. Defendemos crimen organizado: sí. No defendemos secuestradores, no defendemos extorsionadores", subrayó, descartando cualquier negociación directa con los delincuentes.
Ramírez abogó por un sistema legal que contemple "aceptación de la comisión del delito y creación de un archivo histórico de los hechos; reparación del daño a las víctimas; judialización, cárcel y, por último, una firma de acuerdo de no repetición".
Por su parte, Penilla explicó que buscan "una labor de convencimiento para que los jefes de grupos delincuenciales se sometan a este proceso de justicia", más que un acuerdo formal.
Ambos coincidieron en que "las personas allegadas al gobierno eran totalmente afines" al proyecto de López Obrador, dejando entrever una sintonía con el entorno del exmandatario.
