20/03/2025 15:45 / Uniradio Informa Baja California / Policiaca / Actualizado al 20/03/2025
TEXAS.- Dos hombres han sido condenados hoy por un jurado federal por su participación en un caso de contrabando masivo de extranjeros ocurrido en 2022 en San Antonio (Texas), en el que fallecieron 53 personas y 11 extranjeros resultaron lesionados. Un tercer hombre presuntamente implicado en el mismo incidente mortal de contrabando fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos para comparecer ante la justicia por este caso.
"Estas condenas y extradiciones representan el compromiso del Departamento de Justicia de perseguir a los líderes, organizadores y facilitadores clave de las redes de contrabando de extranjeros que introducen ilegalmente a personas, con un riesgo significativo para la vida, en Estados Unidos", declaró el funcionario supervisor Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. "Es un potente ejemplo de la labor crucial de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA), que ha sido mejorada y facultada para perseguir a los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales así como para eliminar la lacra del contrabando y la trata de seres humanos".
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Felipe Orduna-Torres, también conocido como Cholo, Chuequito y Negro, de 30 años, y Armando González-Ortega, también conocido como El Don y Don Gon, de 55 años, conspiraron con otras personas como parte de una organización de contrabando de extranjeros que cargó a aproximadamente 66 extranjeros en un remolque de camión, que carecía de aire acondicionado en funcionamiento, y condujo a los extranjeros hacia el norte a través de la frontera entre Estados Unidos y México y por una carretera interestatal de Texas. El 27 de junio de 2022, a medida que subía la temperatura, algunos de los migrantes que se encontraban en el interior del remolque perdieron el conocimiento, mientras que otros arañaban las paredes intentando escapar. Cuando el camión de remolque llegó a San Antonio, según las pruebas presentadas en el juicio, ya habían muerto 48 migrantes. Otros cinco murieron tras ser trasladados a hospitales locales. Entre los fallecidos había seis niños y una mujer embarazada. Los acusados conspiraron con otros para facilitar el viaje de los extranjeros desde México, Guatemala y Honduras a Estados Unidos, cobrando a los extranjeros y sus familias entre 12.000 y 15.000 dólares por el peligroso viaje.
Orduna-Torres y González-Ortega fueron condenados cada uno por un cargo de conspiración para el transporte de extranjeros ilegales con resultado de muerte, lesiones corporales graves y poner la vida en peligro, un cargo de transporte de extranjeros ilegales con resultado de muerte y un cargo de transporte de extranjeros ilegales con resultado de lesiones corporales graves y poner la vida en peligro. Por ambos cargos con resultado de muerte, se enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua en la sentencia que se dictará el 27 de junio. Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las directrices de Estados Unidos para la imposición de penas y otros factores estatutarios.
Además, la amplia coordinación y cooperación entre las autoridades policiales estadounidenses y guatemaltecas dio lugar a la extradición de Rigoberto Ramón Miranda-Orozco, de 48 años de edad, presunto dirigente de una organización de contrabando de extranjeros con sede en Guatemala, por su presunta participación en el incidente con fallecimientos masivos de San Antonio.
"La extradición de Miranda-Orozco a Estados Unidos es un paso importante en el desmantelamiento de una gran y compleja organización de contrabando de personas de la que presuntamente forma parte", declaró la fiscal en funciones de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Margaret Leachman. "Al igual que hemos demostrado a lo largo del juicio de Orduna-Torres y González-Ortega, continuaremos procesando este caso enérgicamente, buscando justicia para aquellos que han perecido, y responsabilizando a aquellos que ilegalmente valoran el beneficio económico por encima de la vida humana".
"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos persigue enérgicamente a los traficantes de seres humanos, independientemente de dónde operen o de lo lejos que crean que pueden esconderse", declaró el agente especial al mando Craig Larrabee, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE en San Antonio. "Estos veredictos reflejan el alcance y la profundidad de nuestras investigaciones sobre el contrabando de personas. Desde el país de origen hasta el destino final, nuestros agentes especiales han trabajado incansablemente para localizar a estos delincuentes y desmantelar toda su red de contrabando. Uno a uno estamos viendo las consecuencias del contrabando de seres humanos a medida que se impone la justicia".
Según los documentos judiciales, Miranda-Orozco conspiró con otros traficantes para facilitar el viaje de cuatro extranjeros desde Guatemala a través de México y, en última instancia, a Estados Unidos, cobrando a las familias entre 12.000 y 15.000 dólares por el mortal viaje. En particular, Miranda-Orozco es presuntamente responsable del contrabando de tres migrantes que perecieron en el remolque del camión.
En agosto de 2024, Miranda-Orozco fue detenido en Guatemala en respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos. Su detención formó parte de una operación a gran escala durante la cual las fuerzas del orden guatemaltecas ejecutaron múltiples órdenes de registro y detención en Guatemala. Miranda-Orozco fue acusado bajo secreto de sumario en el Distrito Oeste de Texas (WDTX), y su acusación se hizo pública tras su detención. Miranda-Orozco compareció por primera vez el lunes ante el tribunal federal de distrito de San Antonio y fue acusado de un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte, tres cargos de complicidad para introducir a un extranjero en Estados Unidos con resultado de muerte, un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos causando lesiones corporales graves y poniendo vidas en peligro, y un cargo de complicidad para introducir a un extranjero en Estados Unidos causando lesiones corporales graves y poniendo vidas en peligro.
Las condenas y la extradición son el resultado de los esfuerzos coordinados de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA). La JTFA, una asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha sido elevada y ampliada con el mandato de dirigirse contra los cárteles y organizaciones criminales transnacionales que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia para eliminar el contrabando y la trata de personas. En la actualidad, la JTFA está integrada por funcionarios de las fiscalías de Estados Unidos situadas a lo largo de la frontera suroeste, incluidos el Distrito Sur de California, el Distrito de Arizona, el Distrito de Nuevo México y los Distritos Oeste y Sur de Texas. Numerosos componentes de la División Penal del Departamento de Justicia, dirigidos por la Sección de derechos humanos y procesos especiales (HRSP) y apoyados por la Sección de lavado de dinero y recuperación de activos, la Oficina de operaciones de aplicación de la ley y la Oficina de Asuntos Internacionales, entre otros, prestan un apoyo específico. La JTFA también cuenta con una importante inversión de las fuerzas del orden procedentes del DHS, el FBI, la DEA y otros socios. Hasta la fecha, la labor de la JTFA se ha saldado con más de 355 detenciones nacionales e internacionales de dirigentes, organizadores y facilitadores importantes del contrabando de extranjeros; más de 315 condenas en Estados Unidos; más de 260 importantes penas de prisión impuestas; y decomisos de importantes bienes.
El HSI San Antonio dirigió los esfuerzos de investigación de Estados Unidos, trabajando conjuntamente con los valiosos miembros del equipo del HSI Guatemala y la Unidad contra el Contrabando de Personas del HSI en Washington D. C. El HSI recibió ayuda sustancial del Centro Nacional de Identificación/Operación Centinela de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos; la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Departamento de Policía de San Antonio; el Departamento de Bomberos de San Antonio; y el Departamento de Policía de Palestina. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las fuerzas del orden de Guatemala para lograr la detención y extradición de Miranda-Orozco y, junto con la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero (OPDAT) de la División Penal, prestó una ayuda crucial en este asunto.
El caso contra Orduna-Torres y González-Ortega está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Eric Fuchs, Sarah Spears y Amanda Brown para el Distrito Oeste de Texas. El caso contra Miranda-Orozco está siendo procesado por la abogada Alexandra Skinnion de la sección HRPS de la División Penal y el fiscal adjunto de Estados Unidos/fiscal JTFA José Luis Acosta para el Distrito Oeste de Texas, con la asistencia de la historiadora HRSP/especialista en América Latina Joanna Crandall.
El Departamento de Justicia agradece a sus socios guatemaltecos del sector policial, que fueron fundamentales para la detención de Miranda-Orozco, y a la Unidad contra el tráfico ilícito de migrantes del Ministerio Público de Guatemala por hacer posible la extradición.
Una acusación es simplemente una alegación. Se presume la inocencia de todos los acusados hasta que se prueben culpables sin lugar a dudas razonables en un tribunal de justicia.
