En casos diferentes FGR obtiene vinculación a proceso por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego
BAJA CALIFORNIA.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de tres personas en distintos casos, por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
En el primer caso, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron orden de cateo en un inmueble en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde detuvieron a Pedro "D" y le aseguraron un arma de fuego larga de uso exclusivo, cartuchos y fentanilo.
El Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó los datos de prueba suficientes ante el Juez del Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien dictó vinculación a proceso por los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo y contra la salud en la modalidad de posesión de fentanilo, impuso prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano" y dos meses para la investigación complementaria.
En el segundo caso, Jorge "O" y Rafael "C", fueron detenidos por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, mientras realizaban labores de prevención del delito en la colonia Libertad, en Tijuana, cuando observaron un vehículo que circulaba de manera errática y, al detenerlo, descubrieron en el asiento trasero una bolsa de plástico que contenía 10 paquetes con un total de 53 mil 570 tabletas de fentanilo.
En la audiencia inicial, el MPF presentó los datos de prueba para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Baja California, con residencia en Tijuana, vinculara a proceso a ambos imputados por el delito de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo e impusiera prisión preventiva justificada en el Centro de Reinserción Social de Tijuana y un mes para la investigación complementaria.