28/06/2024 08:50 / Uniradio Informa Baja California / Reportajes especiales / Actualizado al 26/06/2024
TIJUANA.- En relación al tema de una desaladora para Baja California, y lo que malograron administraciones estatales anteriores, autoridades explicaron que en 2016, el gobierno de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid firmó un contrato bajo la modalidad de asociación Público-Privada (APP) para una desalinizadora en Baja California, pero que no se pudo concretar, por lo que en julio de 2020 cancela el proyecto, y le pide a la empresa que presente una reclamación para compensar las erogaciones realizadas hasta ese momento. Tras ello, se presenta el reclamo en agosto de 2020, y al no recibir el pago que reclamaba, en abril del 2021 inicia un proceso de litigio internacional al amparo del Tratado entre México y los Países Bajos, pidiendo 51 millones de dólares y más 130 millones de pesos adicionales.
Marco Moreno Mexía, Secretario de Hacienda Estatal en Baja California (SAT BC) detalló que en la actual administración, en noviembre de 2021, gracias a la información del gobierno federal que es la entidad a la que le corresponde responder a este tipo de eventos de litigio internacional y demandas de arbitraje, de lo que sucedía, lo que les permitió establecer contacto con esa empresa para comenzar un proceso de diálogo.
Por su parte, la Gobernadora de Baja California, comentó que fue la Secretaría de Economía Federal de ese entonces, Tatiana Clouthier, quien se comunicó con ella desde la etapa de transición para advertirle de lo que estaba sucediendo con esa demanda y el arbitraje internacional, derivado de una MALA CANCELACIÓN del contrato realizada por la administración estatal anterior.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, aclaró que sí se requiere una planta desaladora que permita tener agua a la Zona Costa de Baja California, y que se hizo un nuevo planteamiento de este acuerdo, para evitar el arbitraje internacional que iba a costar muchos millones de dólares al estado mexicano.
Nuevamente Marco Moreno Mexía, señaló que en febrero de 2022 se iniciaron formalmente las conversaciones con esa empresa y se logró en julio de 2022 un convenio de espera para detener la designación de jueces para el arbitraje internacional, mientras se buscaba acordar con la empresa la cancelación de esa demanda internacional.
Como primera parte de una solución se buscó con el gobierno federal la compra del terreno para negociar, lo que tomó un par de años, y así sacar adelante el proyecto con la condición de que el predio se valuara a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), agente valuador del gobierno federal, lo que se estableció en 526 millones de pesos, y se le pagó el terreno a la empresa.
De manera paralela, con convenio de apoyo financiero logrado con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadín), se aprobó que los 526 millones de pesos del terreno y 20 millones adicionales para los procesos de los documentos necesarios como la manifestación de impacto ambiental que cuesta 40 millones, más 60 millones para los gastos asociados a la compra de la tierra, y 29 mdp para la relicitación del proyecto.
Actualmente, concluyeron la explicación las autoridades, trabajan en la estructuración del proyecto, que tiene todo el sentido técnico ya que se necesita agua para la zona Costa, con una estructura financiera compartida.
