24/01/2024 09:47 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 24/01/2024
CALIFORNIA.- La Fiscal de Distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, ha emitido una advertencia a las empresas y estafadores, instándolos a no aprovecharse de los consumidores mediante el aumento de precios u otros esquemas de fraude durante un estado de emergencia. Stephan destaca que estas acciones pueden resultar en procesamiento y cárcel.
La declaración se produce en respuesta a los daños y la devastación causados por la severa tormenta del 22 de enero. Tanto el condado de San Diego como la ciudad han declarado emergencias locales, anticipando la posible necesidad de recursos y asistencia del gobierno estatal y federal.
Durante un estado de emergencia declarado, es ilegal que una empresa aumente los precios de bienes o servicios esenciales en más de un 10 por ciento, a menos que pueda demostrar un aumento legítimo en sus propios costos.
Stephan enfatiza que las violaciones de este estatuto pueden resultar en procesamiento penal, con penas de hasta un año de prisión y/o multas de hasta $10,000. Además, las violaciones pueden llevar a acciones civiles, con sanciones de hasta $2,500 por violación, medidas cautelares y restitución a la víctima.
La prohibición de especulación de precios se aplica a productos esenciales como alimentos, bebidas, suministros de emergencia, materiales de construcción y suministros médicos.
La fiscal también advierte contra el aumento ilegal de tarifas por parte de hoteles o moteles durante una emergencia declarada y durante los 30 días posteriores.
Para prevenir estafas, se insta a los consumidores a ser cautelosos con agentes, ajustadores o contratistas agresivos después de un desastre. Se proporcionan consejos para seleccionar contratistas, incluida la verificación de licencias y la precaución ante tácticas de miedo o contactos no solicitados.
Además, Stephan advierte sobre estafas de limpieza de escombros después de desastres naturales y aconseja no realizar pagos por adelantado sin garantías.
El público también se alerta sobre supuestas organizaciones benéficas y se insta a verificar las credenciales antes de ofrecer ayuda. Se proporcionan recursos y detalles sobre cómo presentar quejas por aumento de precios y verificar licencias de contratistas.
