por Octavio Fabela
15/12/2023 05:00 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 14/12/2023
TIJUANA.- La Federación Estatal de Asociaciones y Barras de Abogados ha alzado la voz para urgir al Congreso de Baja California la asignación de 98 millones de pesos en la Ley de Egresos de 2024 destinados a la operatividad de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Esta solicitud se basa en la necesidad crítica de fortalecer el combate a la corrupción en la entidad, destacando la posibilidad de un destino similar al enfrentado por la Fiscalía de Delitos en Materia Electoral si no se le otorgan los recursos necesarios, según explicó el presidente Martín Hassan Franco Ríos.
"La situación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción es preocupante. En una reunión sostenida el pasado sábado 2 de diciembre con el fiscal Salas, quedó patente la carencia de presupuesto. Actualmente, la fiscalía carece de los 98 millones de pesos requeridos y comparte instalaciones con otras entidades sin asignación presupuestaria. Esto es similar a lo que sucedió con la Fiscalía de Delitos Electorales. Es imperativo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo provean los fondos necesarios para el funcionamiento de esta fiscalía", explicó Martín Hassan Franco Ríos.
El presidente de la Federación de Abogados subrayó la importancia crucial de la Fiscalía Anticorrupción, señalando que los delitos de corrupción son los que más afectan a la sociedad y generan una cadena de problemas adicionales. Además, resaltó la preocupación por la carencia de recursos y la falta de instalaciones adecuadas para el óptimo funcionamiento de la fiscalía.
"El correcto desempeño de la Fiscalía Anticorrupción es esencial. El fiscal Salas ha comunicado la necesidad urgente de 98 millones de pesos para su operatividad, fondos que actualmente no están disponibles. Esta es una de las problemáticas más graves en nuestro estado y posiblemente a nivel nacional", añadió Hassan Franco Ríos.
La Federación de Abogados de Baja California enfatizó la importancia de atender esta situación de manera inmediata, considerando la gravedad y el impacto que tiene el combate a la corrupción en el tejido social y en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones gubernamentales.
