14/04/2023 18:46 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 14/04/2023
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra se han solicitado las comparecencias ante el Congreso de 39 autoridades por la no aceptación de 37 recomendaciones, entre éstas la del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.
En un comunicado, precisó que entre las autoridades que se han negado a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH se encuentran algunas de carácter federal como la Secretaría de Marina con 9 recomendaciones no aceptadas; la Secretaría del Trabajo con 2, y la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Universidad Pedagógica Nacional y el Órgano Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García con una recomendación no aceptada cada una.
Dijo que se tiene registro de gobiernos estatales como el de Guanajuato y Oaxaca con 2 recomendaciones rechazadas, respectivamente; y los gobiernos de Veracruz, Tabasco, Nayarit, Chiapas y Puebla con una recomendación no aceptada por cada autoridad.
De igual forma, algunas autoridades y dependencias locales se han negado a aceptar y cumplimentar recomendaciones, como la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía de Tabasco con 2 recomendaciones rechazadas cada una; y las fiscalías de Querétaro y Chiapas con una recomendación no aceptada cada una, al igual que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz; la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; las Comisiones de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Quintana Roo y Chiapas, así como ocho ayuntamientos del estado de Oaxaca, tres de Veracruz y uno de Guanajuato, Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí.
Mencionó que, desde su creación, la CNDH sólo ha estado capacitada legalmente para emitir recomendaciones, que son en realidad declaraciones sin ningún carácter de obligatoriedad, que es lo que desde 2011 mandata el artículo 1º de la Constitución: la obligación de toda autoridad de observar y respetar los derechos humanos, y es la fecha que no se cumple. Pero, además, la mantiene estancada en acciones reactivas, cuando lo más importante en un país como México, es prevenir las violaciones, asumir su resolución con la mayor rapidez y eficacia, e incidir sobre todo en la definición de políticas públicas.
Precisó que, para garantizar una efectiva defensa de los derechos del pueblo de México, el actual sistema no jurisdiccional está superado. Prueba de ello es que, después de casi 33 años de creada la CNDH, resulta limitante de su autonomía dejar en manos del Senado el único mecanismo con que cuenta para hacer cumplir sus recomendaciones, que a la fecha no ha funcionado y, peor aún, se presta a negociaciones y cálculos políticos al margen de la Comisión, y desde luego de las víctimas.
"Esa es la razón por la que en el mes de enero pasado, nuestra presidenta Rosario Piedra Ibarra presentó ante el Poder Legislativo una propuesta de iniciativa de reforma con la que se busca transformar a la actual CNDH en una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, pues el momento histórico lo exige, el pueblo lo exige, y está en nuestras manos lograr esa transformación para crear una verdadera sociedad de derechos y, así, transitar libre y plenamente a una cultura de paz y de derechos humanos", añadió.
Expuso que en el esquema actual de protección de los derechos humanos, el único recurso con que cuenta la Comisión Nacional para hacer cumplir sus recomendaciones es el de acudir a la Cámara de Senadores, o en sus recesos, a la Comisión Permanente para que se llame a comparecer a las autoridades o personas servidoras públicas responsables, para que expliquen los motivos de su negativa de aceptarlas o cumplirlas.
Explicó que esta facultad la establece la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 15, párrafo X, y es esta facultad la que se ha ejercido, para velar por el interés de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Aclaró que no se ha hecho esto únicamente con respecto a una autoridad en especial, sino de 39 autoridades de diferentes niveles y órdenes de gobierno de todo el país.
Agregó que la CNDH no permite ser usada para fines particulares, y más importante aún, nunca permitirá ser utilizada para agendas personales o partidistas.
"En eso se finca la verdadera autonomía de la Comisión, y es empeño de la actual administración defenderla, dejando atrás prácticas viciosas que a lo mejor eran válidas hasta hace poco tiempo, pero que hoy son inadmisibles", dijo.
Y sostuvo: "nosotros creemos que la transformación que vive el país obliga a revisar el esquema legal bajo el cual se rige la Comisión Nacional, en virtud de que está probado que no es el óptimo para el cumplimiento de su misión constitucional".
