Gobernador de Sinaloa denuncia despido de sus hijos de la UAS

CULIACÁN, Sin.- El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya dijo que sus hijos que son catedráticos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Eneyda y Ricardo fueron despedidos, presuntamente por los conflictos que se tienen con la institución por los temas judiciales contra funcionarios de la misma y la reforma a la Ley Orgánica.

Señaló que las autoridades de la Máxima Casa de Estudios tendrán que acreditar los motivos por los que Ricardo, fue dado de baja en el área de Innovación y a Eneyda, le sucedió lo mismo como catedrática de Informativa.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal externó que en el caso de los despidos de sus dos hijos, como docentes de la Casa Rosalina, pueden esgrimir que estos no cumplían con sus cargas laborales u otros motivos, lo cual van a tener que probar y documentarlo.

Adelantó que en la reunión que tendrá mañana con la secretaria de Gobernación, Luisa María alcalde Luján y funcionarios universitarios, va a mantener su postura de que él no puede intervenir en los juicios judiciales instaurados por presuntos actos de corrupción en la institución educativa superior.

Subrayó que los funcionarios de la máxima casa de estudios aducen ser víctimas de una persecución política, pero a lo largo de más de ocho meses, han eludido dar continuidad a los juicios que se han instaurado en su contra, por compras dudosas, de carne, tortillas, pantalones y diversos artículos, sin licitaciones públicas.

En el tema de la nueva ley de educación superior, indicó que este asunto, está en manos del poder legislativo, es ahí, donde los universitarios deber ir a dialogar y hacer sus propuestas, sobre como desean que se celebren las elecciones de sus autoridades.

Rocha Moya indicó que las negociaciones, no tienen carácter político, están entre la Fiscalía General del Estado, los jueces y los imputados, los cuales pueden llegar a un acuerdo de irse por los procesos abreviados.

Advirtió que su administración no va a tolerar, ni a proteger a que se continúe con uso indiscriminado de los recursos universitarios, sin que haya consecuencias, por lo que los responsables deben reparar el daño causado a las finanzas de la institución.