11/10/2023 12:15 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 11/10/2023
CIUDAD DE MÉXICO.- México Evalúa presentó su evaluación anual del sistema de justicia penal en la que destaca la debilidad en la protección de los derechos de las personas víctimas e imputadas en el proceso penal. Según el informe, solo se logra impartir justicia en el 4% de los casos investigados a nivel nacional.
Uno de los derechos más vulnerados es la presunción de inocencia, ya que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva durante 2022 a nivel nacional, y en el 53% de los casos fue de manera oficiosa. Solo en el 40% de los casos se realizó una evaluación de riesgo para determinar si era necesario encarcelar a la persona.
El Índice de Impunidad calculado por México Evalúa para 2022 fue de 96.3%, lo que indica un incremento de 4.5 puntos porcentuales respecto al año anterior. En cuanto a delitos específicos, la violencia familiar (98.6%), desaparición (96.5%), extorsión (96.4%) y abuso sexual (96.1%) presentan los mayores índices de impunidad.
La duración promedio de un juicio oral es de 486 días a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo menor a un año. Además, se evidencia que en algunas entidades como Colima, el 50% de las detenciones fueron calificadas como ilegales por un juez de control.
Según la evaluación, solo el 4.3% de los procedimientos derivados de una carpeta de investigación pasaron a vinculación a proceso. La mayoría de estos casos están relacionados con delitos como robo (28.9%), narcomenudeo (13.3%) o lesiones (9.6%).
El Ranking de Capacidad Institucional revela que Querétaro obtuvo el mayor puntaje a nivel nacional, seguido de Coahuila. Entre las recomendaciones para mejorar el acceso y la calidad de la justicia se incluye la implementación de un Modelo Nacional de Procuración de Justicia, la incorporación del Servicio Profesional en la Constitución, y el fortalecimiento presupuestal a órganos garantes de derechos.
En la presentación del informe participaron el senador Emilio Álvarez Icaza, Patricia Olamendi, directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, Taissia Cruz, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Jene Thomas, director de la misión de USAID en México, e Irina Burgaza, asistente de Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann.
