por EL UNIVERSAL
13/11/2023 12:57 / Uniradio Informa Baja California / Sociedad / Actualizado al 13/11/2023
MÉXICO.- Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, solicitó en julio pasado medidas de protección ante las amenazas de muerte de las que era objeto.
"Derivado de los múltiples ataques a mi persona, el homicidio de Ulises, los discursos de odio de la senadora Martha Márquez, las amenazas de muerte en mis redes sociales, la Sala Superior ordenó dar vista al Mecanismo de protección integral de personas defensoras de DDHH", publicó en sus redes sociales el 31 de julio.
"No es algo que me congratulé en compartir, pero el discurso de odio debe señalarse. No permitamos que la libre expresión rebase sus límites", escribió en aquella ocasión y compartió un oficio en el que se lee:
"La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina dar vista al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, adscrito a la Secretaria de gobernación Federal, así como a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, respecto de las manifestaciones hechas por la persona promovente de este recurso de reconsideración, en el cual solicita que se le dicten en su favor una serie de medidas de protección ante el temor de sufrir un ataque a su vida en integridad física".
Su solicitud tuvo lugar luego del asesinato del activista de la diversidad sexual y académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Ulises Nava, ocurrido el pasado 15 de julio en las puertas del Museo Descubre, en Aguascalientes.
Ulises Nava había participado en el Congreso Nacional de Litigio Estratégico para Cuotas Arcoíris, en la sede del museo, que congregó a activistas LGBT de diversas entidades del país.
El académico era jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la UAGro, con doctorado por la Universidad Anáhuac.
En la conferencia de prensa para dar detalles de la muerte de Jesús Ociel Baena y su pareja, el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, mencionó que fuera de la vivienda en la que cohabitaba la pareja, había un elemento estatal asignado a la seguridad del funcionario.
